Incremento de crímenes a comunidad LGBTIQ+ en Antioquia preocupa a las autoridades; solicitan acciones urgentes

Debido a la situación de orden público y el aumento de crímenes en contra de la comunidad LGBTIQ+ que se ha presentado en lo corrido del año en el territorio nacional, la Procuraduría General de la Nación recordó la importancia del diálogo e instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a concertar acciones urgentes para hacer frente a este flagelo.

Durante una jornada de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo en Medellín este miércoles, 29 de abril, la Procuraduría señaló que las entidades estatales deben trabajar de manera mancomunada y unir esfuerzos para frenar la violencia contra esta población.

En ese espacio, el ente de control hizo referencia al caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años quien fue brutalmente agredida y arrojada a una quebrada en el municipio de Bello, al norte de la capital antioqueña, el pasado 8 de abril.

Este atroz crimen, generó rechazo nacional, más teniendo en cuenta que particularmente en el departamento de Antioquia, se han registrado al menos 15 asesinatos a personas LGTBIQ+ en lo corrido del año.

Según explicó la entidad, estas cifras muestran una problemática social preocupante que requiere respuestas institucionales coordinadas entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades territoriales.

“Se deben evaluar y reforzar las acciones para enfrentar eficazmente este tipo de delitos”, indicó el Ministerio Público.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos manifestó la decisión del organismo de tomar acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial con el propósito de erradicar estos hechos violentos y de esta manera, garantizar el acceso efectivo de la población LGBTIQ+ a la protección estatal.

Además, advirtió sobre la imperativa necesidad de que los servidores públicos actúen desde una postura de respeto y garantía de derechos humanos frente a este sector históricamente discriminado.

“Para la Procuraduría es imperioso que los servidores públicos asuman una postura de protección a los derechos humanos y de respeto frente a los grupos LGBTIQ+, de tal manera que se erradiquen los prejuicios, la indiferencia y hasta el desprecio con la que, en numerosas ocasiones, abordan el ejercicio de sus atribuciones frente a esta población", se lee en el comunicado emitido por la entidad.+

En ese sentido, la Procuraduría insiste en la eliminación de las barreras institucionales que perpetúan prejuicios o tratos indiferentes en el ejercicio de sus funciones.

La entidad concluyó que la respuesta institucional debe ser “contundente y articulada”, con medidas concretas que detengan la escalada de violencia y garanticen el respeto pleno a los derechos fundamentales de todas las personas.