General Luis Emilio Cardozo habla del papel de los menores en el conflicto armado: “Los han convertido en asesinos”

Por: Dido Polo Monterrosa, Colprensa

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, confirmó en entrevista con Colprensa que los alias “Pescado” y “Jimmy”, objetivos de alto valor de las disidencias, lograron escapar del reciente bombardeo en Guaviare, que dejó 20 muertos.

El oficial explicó que la operación buscaba frenar el reforzamiento militar de la facción de “Iván Mordisco” en su guerra abierta contra “Calarcá”, una disputa por rentas criminales que amenazaba con desatar una crisis humanitaria y que puso a las tropas en una desventaja numérica de “7 a 1” frente a 150 combatientes.

Ante la controversia por la posible muerte de menores en el ataque, Cardozo fue tajante en la defensa jurídica y operativa de la acción. Aunque admitió que la inteligencia no tenía certeza de las edades, aseguró que cuando un menor porta un arma y dispara, “pierde su estatus de protección” según el DIH.

El Comandante aclaró la cadena de mando en este tipo de maniobras letales: el Ejército no tiene autonomía para bombardear; esa es una capacidad de la Fuerza Aérea cuya autorización final recae exclusivamente en el Presidente de la República.

Cardozo hizo un llamado a las familias y a la sociedad para romper el silencio frente al reclutamiento forzado, denunciando que los grupos armados utilizan a los niños como “escudos” para paralizar a la Fuerza Pública mientras los “gradúan de asesinos del mismo pueblo”.

¿General, cuál es el contexto detrás de los recientes enfrentamientos en el Guaviare y qué motivó la intervención del Ejército?

A veces no se entiende qué es lo que está pasando allí. Lo que hay es una confrontación entre dos estructuras: la facción de “Mordisco” y la facción de “Calarcá”. Esas estructuras se están confrontando porque antes eran amigos, controlaban un negocio criminal del cual se lucraban y, ahora que se separaron, viene la disputa por quién se queda con ese negocio.

La facción de “Mordisco” ha ido perdiendo territorio ante la de “Calarcá”. Entonces, lo que quiere hacer “Mordisco” es reforzar sus estructuras para entrar nuevamente a la confrontación. En ese movimiento de reforzamiento se presenta esta circunstancia especial de conflicto y de la operación; porque cuando se enfrentan, asesinan personas, desplazan población del campo a los cascos urbanos y se generan problemas humanitarios muy grandes que nosotros, como Fuerza Pública, tenemos que entrar a resolver.

Precisamente por eso se estaba haciendo la operación: porque había un movimiento de reforzamiento por parte de la facción de “Mordisco” para confrontar a “Calarcá”. Lo que se venía después era todo el problema humanitario que conllevan esas confrontaciones en la ruralidad de Colombia.

En la mesa de planificación, antes de autorizar este bombardeo, ¿la inteligencia militar le informó sobre la presencia de menores en ese campamento? ¿Hubo alguna “duda razonable” reportada o la información aseguraba que solo había combatientes adultos?

Lo que hay ahí es un campamento transitorio. No es de meses ni de años, sino de horas; donde las personas llegan a organizarse para dormir y al otro día se mueven a otro lugar. Si algo está sucediendo en esas estructuras ahora es la movilidad, porque saben que su supervivencia depende de ello.

La inteligencia había previsto que se concentraron tanto los que llegaban de refuerzo como los que estaban en la zona, y esa concentración se hizo muy grande, llegando a ser de hasta 150 personas. Eso es lo que estima la inteligencia.

La unidad de reconocimiento y acción directa que teníamos nosotros era apenas de 20 hombres; o sea, la proporción estaba más o menos de 7 a 1. Por eso, tras el análisis, la decisión que se toma es un apoyo aéreo cercano. Esta operación se hace precisamente para evitar que esa estructura tan grande pudiera accionar contra las tropas, que estaban en una inferioridad numérica importante.

Ahora, sobre si había menores o no en la estructura: esa es una consideración de inteligencia que era probable, porque generalmente esas estructuras reclutan niños. La probabilidad siempre está. Pero tener la certeza de cuántos niños había o qué edades tenían... la inteligencia no tenía ese nivel de detalle.

Entonces aquí había que tomar una decisión. Había unos cursos de acción y hay que cumplir con unos protocolos estrictos de las operaciones militares; eso fue lo que se hizo. Esa fue la decisión que se tomó en su momento para evitar la afectación de civiles —que era lo que se iba a presentar cuando se confrontaran esas dos estructuras— y, particularmente, la afectación de nuestros soldados, que eran una cantidad mucho menor a la estructura que se estaba acercando a esa unidad militar.

¿Se ha dicho que buscaban a cabecillas de las disidencias. El objetivo de alto valor fue neutralizado Es decir, el resultado militar táctico se consiguió o murieron los menores sin lograr el objetivo estratégico?

La afectación a la estructura es de 20 personas muertas en desarrollo de la operación y un capturado; o sea, son 21 afectaciones de acuerdo con el resultado entregado por la unidad que realizó la operación. El cabecilla, que era uno de los que venía precisamente a hacer el reforzamiento, es alias “Pescado”; él estaba ahí con alias “Jimmy”.

La información que tiene inteligencia es que sobrevivieron al bombardeo. En el momento en que se presentan este tipo de acciones, la situación es compleja, todo el mundo corre a protegerse y demás. Unas personas resultaron afectadas y otras no. Entre 150 integrantes, se afectaron 21; los otros lograron escapar de la zona, independientemente de si resultaron heridos o no.

Desafortunadamente, en lo que se ha encontrado hasta el momento, no aparece ninguno de esos dos cabecillas de las estructuras que estaban ahí.

El DIH exige que, ante la duda de presencia de civiles (o personas protegidas como niños reclutados), se debe abortar el ataque. ¿Por qué, en este caso, primó la ventaja militar sobre el principio de precaución?

Hay unos protocolos que debemos cumplir para evitar que las personas y bienes protegidos se afecten en una operación militar. El Derecho Internacional Humanitario es muy específico en quiénes son las personas protegidas: son las que no participan directamente en las hostilidades y gozan de un estatus especial de protección.

Pero aquí lo que observamos es que estas personas hacen parte de la estructura. Se han entrenado en las hostilidades, están equipados y armados para hacer daño. Ahí es donde viene el conflicto moral, ético y legal; y es donde el decisor tiene que definir qué curso de acción toma.

Generalmente, las decisiones se toman precisamente para salvar las vidas de los inocentes. En este caso, los que estaban en peligro eran los ciudadanos de esa zona, los campesinos. Si esa confrontación se hubiera dado, allí hubieran muerto muchos campesinos y mucha población se hubiera desplazado; además del riesgo para los soldados que estaban en inferioridad numérica.

Pero cuando estas personas participan directamente en las hostilidades, se convierten en objetivos militares lícitos. Está muy claramente establecido en el Derecho Internacional Humanitario cuándo una persona pierde el estatus de protección: es cuando participa de manera directa en las hostilidades y tiene una función continua de combate. Ahí está establecido que esa protección se pierde cuando la persona hace parte de esa estructura armada.

¿Para el Ejército bajo su mando hoy, un menor de 16 años con un fusil en la selva, es un objetivo militar legítimo (un combatiente) o es una víctima de reclutamiento que debe ser rescatada? ¿La respuesta define si disparan o no?

Es así. No es solo lo que diga el Ejército, es lo que está establecido en la ley. Muchos menores de edad terminan muriendo en combates con las tropas. ¿Por qué? Porque a esos jóvenes, desafortunadamente, los han convertido en asesinos. Si usted mira el último caso que tenemos de ejemplo, la muerte del senador Miguel Uribe, que estaba en un acto público haciendo su campaña como precandidato presidencial, lo asesinó un menor de edad.

Si el joven que ha sido reclutado tiene un arma y se enfrenta a los soldados, pues es la vida del soldado o la de la persona que lo está confrontando. Hay mucho menor de edad que muere en combate precisamente porque son reclutados, entrenados y equipados para confrontar a las tropas.

Esa es una triste realidad en Colombia. Desafortunadamente no debería ser así. Los niños deberían estar en la escuela y en las universidades estudiando, no aprendiendo a asesinar a otros. Eso es lo que los grupos armados están haciendo; por eso, todos como sociedad tenemos que condenar el reclutamiento forzado, que es un delito tanto en la legislación colombiana como en la internacional.

Nosotros tenemos que cumplir las normas y lo hacemos. Todas las operaciones militares que se planean las transversalizamos con los Derechos Humanos y el DIH; por eso es que los protocolos son tan estrictos para la realización de este tipo de operaciones.

¿El Ejército tiene autonomía para ordenar estos ataques aéreos o es una capacidad que depende exclusivamente de la Fuerza Aérea y del Gobierno?

Bueno, nosotros como Ejército no tenemos la capacidad de bombardeos; estos se hacen a través de los aviones que maneja nuestra Fuerza Aérea. Pero la Fuerza Aérea Colombiana tiene unos protocolos que debe cumplir también y dentro de ellos están establecidos los requerimientos para realizar este tipo de operaciones.

Las decisiones para ejecutar estas acciones son del más alto nivel. Se formulan unos cursos de acción y se escalan a esa instancia de decisión para que las operaciones se puedan realizar. Lo que es claro acá es que corresponde al señor Presidente de la República, en el más alto nivel como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas —tal como lo establece la Constitución—, definir qué se hace y qué no se hace en este tipo de apoyos de fuego aéreo.

¿Por qué? Porque cada circunstancia es distinta; cada operación militar es diferente. En algunas habrá posibilidad de hacerlo y en otras no. Dependiendo de la necesidad militar y de las circunstancias que se presenten, se toma la decisión de ejecutar o no ese ataque aéreo cercano.

Entonces, es muy importante definir que cada operación es diferente. No se puede decir que (los bombardeos) se acaban o se mantienen porque, primero, no es potestad del Comandante del Ejército decirlo; y segundo, porque esa decisión se tiene que tomar al más alto nivel ante la circunstancia especial de cada operación militar.

¿La Justicia Penal Militar anunció la apertura de una indagación formal. General, si la justicia determina que hubo exceso de fuerza, la responsabilidad es del piloto que soltó la bomba, del Presidente que dio la orden política o suya que planificó la operación?

No, eso le corresponde a los jueces de la República: determinar la responsabilidad de un ciudadano. No corresponde al comandante definir responsabilidades. Son los entes de investigación a los que les tocará definir quién responde y por qué.

¿Con una moción de censura en curso contra su Ministro de Defensa y el país en alerta por las cifras de Medicina Legal, se siente usted respaldado para seguir operando o el Ejército está hoy paralizado por miedo a nuevas denuncias?

No. El Ejército colombiano es un ejército que tiene 215 años de existencia. Es un ejército profesional que cumple con rigurosidad la Ley de Colombia y los protocolos internacionales.

Nosotros seguimos cumpliendo la misión constitucional que le corresponde al Ejército como parte del sistema de seguridad y defensa nacional. El objetivo principal es proteger a los ciudadanos de Colombia; en eso tenemos que estar siempre y ahí seguiremos trabajando, porque tenemos la tranquilidad de que lo que hacemos, lo hacemos en el marco de la Constitución y la ley.

Las disidencias siguen reclutando. Si mañana ubican otro campamento y la inteligencia le dice ‘hay 40 guerrilleros y 10 niños’, ¿usted, hoy da la orden de bombardear de nuevo?

Es muy difícil poder contestarle esa pregunta. Primero, porque es muy difícil saber si realmente hay niños ahí; nosotros no sabemos las edades de las personas que están en el grupo. Es difícil saberlo. Pero lo importante es que buscamos siempre la protección de las personas establecidas en la Constitución, la ley y los protocolos internacionales.

Los que no participan en las hostilidades no pueden ser objetivo de ataque. Pero la persona que participa directamente, pierde esa protección. Lo que yo no le puedo decir a los soldados es: ‘Mire, si a usted le están disparando esos menores, no disparen’. No les puedo dar esa orden porque entonces los soldados terminarían muertos y no defenderían ni siquiera su integridad y su vida.

Lo que sí deben tener, usted y la sociedad colombiana, es la tranquilidad de que las operaciones militares obedecen a un planeamiento. En él se observan todos los principios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos cuando corresponde. Nos corresponde defender a la sociedad colombiana en su integridad. Aquí viene el dilema moral, ético y legal.

Entonces, tenemos que tomar una decisión como sociedad. Esos bandidos cabecillas se rodean de niños precisamente para no ser objeto de ataque, utilizándolos como escudos para paralizar las operaciones militares. Eso hay que condenarlo como sociedad, porque no podemos dejar que se lleven a estos niños a entrenar para matar a otros menores y adultos.

Lógicamente, tenemos que evitar al máximo afectar a los menores, porque muchos han ido allá engañados o han sido reclutados forzosamente. Esa situación es muy lamentable. Pero lo que siempre buscamos como Fuerza Pública es proteger a los ciudadanos de Colombia; y entre esa protección, lógicamente, están nuestros niños, que no deberían ser parte de las hostilidades en esta confrontación interna que tenemos desde hace tantos años.

¡General, para finalizar, cuál es su mensaje para los colombianos y para esas familias que hoy ven cómo los grupos armados intentan llevarse a sus hijos?

Quiero enviarles un mensaje a los colombianos: que condenen con todo vigor este reclutamiento ilegal de los grupos armados organizados hacia nuestros niños, hacia nuestros menores de edad y hacia las comunidades más vulnerables; especialmente la comunidad indígena, que es donde más reclutan. No podemos permitir que esto suceda.

Y a las familias de los niños que están siendo llevados a estos grupos: les pido que denuncien, porque muchas familias se callan ante esta grave situación. Se llevan a los niños a la guerra y solamente levantan su voz, algunas veces, cuando se dan cuenta de que los niños terminan muertos en combates contra la Fuerza Pública. Eso no puede ser. Como sociedad, tenemos que levantarnos en contra de esto y rechazar que los niños de Colombia sean usados como instrumentos de guerra.

Los niños deben estar en las escuelas preparándose y estudiando, porque son el futuro del país. Desafortunadamente, estos grupos armados lo que están haciendo es llevándoselos allá y ‘graduándolos’ de asesinos del mismo pueblo".