Preocupantes cifras revelan aumento del reclutamiento infantil en Colombia: radiografía de cómo usan la niñez para alimentar la guerra

Por: Dido Polo Monterrosa / Colprensa

La confirmación de la muerte de al menos quince menores de edad en medio de recientes operativos militares contra las disidencias de las Farc en departamentos como Guaviare, Amazonas y Arauca encendió nuevamente las alarmas sobre la vigencia del reclutamiento forzado en Colombia y puso en entredicho la efectividad de los protocolos de distinción en la guerra, pues mientras el Gobierno Nacional buscaba una salida negociada al conflicto bajo la bandera de la Paz Total, las estructuras armadas ilegales respondieron con una expansión territorial agresiva que utiliza a la niñez como combustible para la guerra y como escudos humanos ante la ofensiva de la Fuerza Pública.

La tragedia reciente, que involucró bombardeos contra campamentos del Estado Mayor Central (EMC) y estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, reveló una realidad que las organizaciones humanitarias advirtieron durante meses: los campamentos guerrilleros están llenos de menores. Según Medicina Legal, entre los cuerpos recuperados se identificaron niños y niñas, algunos de apenas 12 años.

El presidente, Gustavo Petro, aseguró que las operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “incluso ante el tratamiento al menor combatiente”, y argumentó que suspender los bombardeos solo incentivaría a los cabecillas a reclutar más niños para cubrirse de riesgos militares; sin embargo, reconoció el peso de los hechos: “Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia”.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación es clara. Alexandra Correa, periodista y defensora de la niñez, explicó a Colprensa que “los niños, incluso cuando han sido reclutados por grupos armados ilegales, son considerados víctimas y el Estado tiene la obligación de preservar su vida”.

Correa enfatizó que, si el temor es el uso de escudos humanos, “el Estado colombiano debe cambiar la estrategia contra los grupos criminales”, priorizando la educación, salud y presencia integral en las regiones por encima de la solución puramente militar. Asimismo, recalcó que los Protocolos Adicionales de 1977 protegen a los menores si no participan directamente en las hostilidades, y aun en ese escenario, el uso de la fuerza debe ser proporcional y precavido.

Radiografía de una crisis en aumento

Las cifras respaldan la sensación de desbordamiento. Según el monitoreo del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), solo entre enero y junio de 2025 se documentaron 125 eventos de conflicto armado que impactaron a 362.243 niñas, niños y adolescentes en el país.

Dentro de este universo de victimización, la vinculación directa a la guerra es la punta del iceberg. El boletín de la Coalico registró en este primer semestre 31 eventos de reclutamiento que afectaron a 139 menores, sumado a 6 eventos de uso de 32 niños para campañas cívico-militares y un evento de utilización de adolescentes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que durante 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado, un aumento significativo frente a los 342 de 2023. Para el primer semestre de 2025, la entidad ya contabilizó 55 nuevos casos en su sistema de registro, de los cuales 35 corresponden a población indígena, lo que demuestra el impacto desproporcionado sobre los pueblos étnicos.

Naciones Unidas verificó más de 1.000 casos desde 2019 y alertó que el delito creció un 160 % entre 2021 y 2024. Los departamentos que concentran esta crisis son Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander, aunque recientemente se registró un aumento crítico en Huila, Meta, Guaviare y Antioquia.

‘Influencers’ del fusil

La dinámica de reclutamiento mutó. Si bien la coacción física y la amenaza a las familias persisten en las zonas rurales, los grupos armados inauguraron un frente de batalla digital. La ONU Derechos Humanos y la Coalico identificaron el uso masivo de redes sociales como TikTok y Facebook para “seducir” a los menores.

Los reclutadores utilizan técnicas sofisticadas: videos con música popular, corridos y cumbias, donde exhiben armas, dinero en efectivo y motocicletas, proyectando una imagen de poder y estatus. A través de estas plataformas, establecen conversaciones privadas con niñas y niños, normalizan la violencia y prometen una falsa salida a la pobreza.

“Se ha identificado que estos, a través de redes sociales, usan sofisticadas técnicas (...) para convencerles de hacer parte de sus actividades, a partir de las cuales prometen producir gran rentabilidad económica”, señaló el informe de la Coalico. En casos documentados en Antioquia, adolescentes fueron contactados por TikTok y recibieron dinero a través de billeteras digitales como Nequi para costear su transporte hacia zonas de reclutamiento como Nechí o el sur de Bolívar.

Mercado de guerra: traslados y narcotráfico

El reclutamiento no es estático. Las investigaciones revelaron un patrón de trata de personas con fines de guerra. Menores reclutados en el Cauca —departamento que funciona como epicentro de captación— son trasladados hacia el Huila, Caquetá y Tolima para evitar que sean recuperados por sus familias o las autoridades.

Además de empuñar fusiles, la infancia es instrumentalizada para las economías ilícitas. En municipios como Cáceres y Caucasia (Antioquia), se documentó que la vinculación inicia con el consumo de sustancias psicoactivas, para luego obligar a los menores a trabajar en el microtráfico o expendio de drogas en sus propios barrios.

El Estado Mayor Central (disidencias de las Farc) se perfila como el mayor reclutador, responsable del 57 % de los eventos verificados por Coalico en el primer semestre de 2025, seguido por el ELN (21 %) y el Clan del Golfo (19,7 %). Estas estructuras, que hoy suman más de 25.000 integrantes, demandan un flujo constante de “personal” para sostener sus disputas territoriales por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

La situación es crítica para las comunidades indígenas y afrodescendientes. El 51 % de los casos verificados por la ONU en los últimos dos años corresponde a estas poblaciones. El desarraigo no solo destruye el proyecto de vida individual del menor, sino que pone en riesgo la pervivencia cultural de pueblos enteros.

Mientras el país debate sobre la legitimidad de los bombardeos, UNICEF advirtió que “el reclutamiento interrumpe infancias, vulnera los derechos de la niñez y pone en riesgo su vida”. La organización instó a que este tema sea una prioridad innegociable en cualquier mesa de diálogo de paz, recordando que hoy, en Colombia, la guerra sigue teniendo rostro de niño.