Documentos revelan supuesto pacto entre altos mandos del Ejército y disidencias para crear empresa de seguridad

Nuevos hallazgos sobre los dispositivos electrónicos que fueron decomisados a siete cabecillas del Estado Mayor Central (EMC) en julio de 2024 están sacudiendo el panorama político y militar del país.

De acuerdo con los análisis revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los archivos contienen correos, chats y documentos internos que describen una presunta alianza entre integrantes de las disidencias y dos altos funcionarios del Estado, un general del Ejército en servicio activo y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El material, que habría estado en poder de la Fiscalía por más de un año, describe conversaciones donde se habla abiertamente de crear una empresa de seguridad privada, gestionar permisos de porte de armamento y compartir información reservada sobre movimientos militares.

Hasta el momento, no existe una investigación formal que involucre a los señalados, pese a la gravedad de los datos conocidos.

El 23 de julio de 2024, una caravana de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. En los vehículos se movilizaban siete jefes del EMC, incluido alias Ramiro.

A pesar de que portaban elementos que podían configurar flagrancia, la Fiscalía ordenó su liberación inmediata argumentando su rol como gestores de paz. Sin embargo, en la operación se retuvieron computadores, celulares y memorias USB que quedaron en cadena de custodia.

La reciente revisión de su contenido reveló una carta fechada el 8 de febrero de 2024, en la que un integrante del grupo armado informa sobre una reunión en Bogotá con el general Juan Miguel Huertas.

En el documento se describe que el oficial habría mostrado total disposición para “montar el negocio mitad y mitad”, usando su influencia para obtener permisos oficiales mientras la organización aportaba armamento y personal.

Los archivos detallan un plan para iniciar con una compañía de 20 hombres, quienes serían legalizados a través de permisos escalonados de porte, empezando con pistolas y luego fusiles. Esta fachada corporativa permitiría a los disidentes moverse por el país sin ser detectados.

Incluso, los documentos señalan que Huertas habría ofrecido “garantías de seguridad” asegurando que su cercanía con el presidente permitiría que los hombres del EMC no fueran detenidos en puestos de control.

La polémica crece porque el general fue retirado en 2022, pero posteriormente reintegrado por el Gobierno Petro y ubicado en un cargo estratégico relacionado con traslados dentro del Ejército.

A esta trama se suma Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien según testimonios de jefes guerrilleros habría suministrado información sensible que permitió a las disidencias esquivar operativos en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.