Fiscalía solicitó imputar a exasesora de Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Este jueves, 24 de abril, la Fiscalía Novena Delegada radicó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de audiencia de imputación contra María Alejandra Benavides Soto, quien fue asesora del Ministerio de Hacienda, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según explicó el ente investigador, Benavides, que trabajó de cerca con Ricardo Bonilla, quien llevaba la jefatura de la cartera de Hacienda en ese entonces, habría intervenido en el direccionamiento de tres contratos por un valor total de $92.000 millones.

Estos habrían sido asignados a los municipios de Cotorra, en el departamento de Córdoba, Saravena, en Arauca y El Carmen de Bolívar, con el propósito de usarlos como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.

La Fiscalía explicó que el objetivo de este acto sería lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de los créditos que el Ejecutivo solicitaba.

Estos recursos, que se tenían destinados para respaldar proyectos gubernamentales, habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, al interior de un esquema más amplio de corrupción que se desarrollaba dentro de la Unidad.

Los legisladores que habrían promovido conceptos favorables para operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de contratos gestionados por la UNGRD fueron Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, junto con el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

La diligencia judicial deberá ser realizada en la fecha y ante el juzgado de control de garantías que designe el Consejo Superior de la Judicatura.

La fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, fue quien concluyó la etapa preliminar con la solicitud formal de la audiencia.

Vale recordar que Benavides Soto se desempeñó como asesora técnica del viceministerio general del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024 y salió de este puesto tras revelarse posibles irregularidades en la gestión de recursos asignados a la Unidad.

Según mencionaron diferentes medios nacionales, la funcionaria fue una de las personas clave en la estructuración de las partidas presupuestales relacionadas con los contratos que hoy son materia de investigación.

Las indagaciones sobre su participación se suman a otras líneas del caso UNGRD que comprometen a altos exfuncionarios y contratistas, y con las que se busca determinar la magnitud de la red de tráfico de influencias, desvío de recursos y favorecimientos políticos a partir de contratos públicos.