Falsos embarazos, divorcios y “nuevas familias”: la polémica estrategia de fiscales para ‘atornillarse’ en sus cargos

Lo que comenzó como una medida para democratizar el acceso a cargos dentro de la Fiscalía General de la Nación, terminó por revelar una serie de comportamientos cuestionables protagonizados por algunos de sus propios funcionarios.

El lanzamiento del concurso de carrera para llenar 4.000 vacantes encendió las alarmas entre quienes ocupaban los puestos en condición de provisionalidad, desencadenando una serie de maniobras legales y personales que hoy son materia de investigación.

Funcionarios de diversas seccionales del país, entre ellas Bolívar y Caldas, recurrieron a medidas tan insólitas como divorcios ficticios, embarazos inesperados y paternidades improvisadas con el objetivo de acogerse a las “medidas afirmativas” establecidas por la circular 0030 del 3 de septiembre de 2024. Esta directriz interna ofrecía protección laboral a padres o madres cabeza de hogar, personas con discapacidad, enfermedades graves o en condición de prepensionados.

Lo que no se anticipó fue que muchos empleados, en su afán por conservar sus cargos, recurrirían a documentación falsa o situaciones personales inventadas. En algunos casos, se firmaron declaraciones notariales sin sustento real, mientras que otros funcionarios aseguraron ser madres cabeza de familia pese a contar con el apoyo económico de cónyuges que trabajan en la misma entidad.

Una de las denuncias más llamativas señala a una fiscal en Cartagena que, sin tener hijos propios, presentó una demanda de pérdida de patria potestad contra su hermana para asumir el cuidado de sus sobrinas y así acceder a los beneficios. Otro caso habla de una pareja que simuló un divorcio con el fin de cumplir los requisitos, pese a seguir conviviendo en la misma ciudad y trabajar en la Fiscalía.

La Comisión de Disciplina Judicial recibió al menos 11 denuncias formales, acompañadas de nombres, cargos, fechas y documentos que hoy están bajo revisión. Aunque la Fiscalía presume la buena fe de quienes presentaron las solicitudes, las compulsas de copias evidencian posibles fraudes al interior del ente acusador.

Se estima que 2.797 funcionarios fueron beneficiados con estas medidas de protección, de los 5.033 que las solicitaron. En paralelo, más de 100.000 personas se inscribieron al concurso de méritos, incluyendo empleados actuales que buscan formalizar su permanencia.

Mientras avanza el proceso de selección, las denuncias se multiplican y ya hay voces dentro del ente que reclaman una auditoría exhaustiva para garantizar que el acceso a la carrera no esté determinado por engaños, sino por mérito real. Algunas resoluciones han empezado a desvincular funcionarios, lo que ha generado tensiones con sindicatos y antiguos aliados de anteriores administraciones.

La situación ha escalado al punto de motivar actuaciones internas y externas: mientras la Fiscalía sigue recibiendo denuncias y verificando la documentación presentada por sus funcionarios, la Comisión de Disciplina Judicial adelanta las investigaciones pertinentes para establecer posibles responsabilidades disciplinarias.

Nota realizada con información de SEMANA