Expertos cuestionan si los bombardeos siguen siendo eficaces en el conflicto armado actual

La discusión sobre el papel de los bombardeos en las operaciones militares volvió con fuerza este 21 de noviembre de 2025, luego de que se confirmara la muerte de menores de edad en una reciente ofensiva aérea.

El hecho no solo reabrió el debate sobre los límites legales de este tipo de acciones, sino que también llevó a cuestionar su verdadera utilidad estratégica en un escenario de conflicto que, según especialistas, cambió por completo.

Así lo expone un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que advierte que las condiciones que hicieron de los bombardeos una herramienta eficaz hace dos décadas ya no existen.

La FIP recordó que la superioridad aérea fue clave en la lucha contra las antiguas Farc, cuando este grupo insurgente operaba con una estructura jerárquica rígida y concentraba grandes cantidades de combatientes en campamentos visibles y estables.

En ese contexto, operaciones como Fénix, Sodoma u Odiseo lograron impactar decisivamente a la guerrilla, dando de baja a figuras como “Raúl Reyes” o el “Mono Jojoy”. Los ataques respondían a una lógica clara: golpear centros de gravedad bien identificados, donde las Farc agrupaban sus fuerzas y desde donde ordenaban sus acciones.

Sin embargo, el panorama actual dista mucho de ese modelo, pues el análisis subraya que el conflicto colombiano está hoy marcado por la presencia de múltiples actores armados con estructuras fragmentadas, flexibles y móviles.

Organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN o el Clan del Golfo ya no actúan como ejércitos con bases fijas, sino como redes que combinan intereses políticos con economías criminales. Sus integrantes se desplazan en unidades pequeñas, cambian de refugio con frecuencia y suelen operar sin uniformes o distintivos.

Los blancos son casi indetectables

Dicha transformación ha tenido efectos directos en la manera como se libra la guerra. La FIP señala que, al mezclarse con la población civil en zonas rurales y urbanas, estos grupos hacen extremadamente difícil identificar un blanco militar legítimo y aislado, por eso, las condiciones que antes permitían localizar grandes campamentos desaparecieron, y hoy los riesgos colaterales se multiplican.

Uno de los puntos más críticos del informe se relaciona precisamente con el impacto sobre menores de edad. La Fundación advierte que, al no existir lugares apartados donde se concentren exclusivamente combatientes, es mucho más probable que en un operativo aéreo se encuentren niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada. Esto no solo implica un costo humanitario, sino también un daño profundo a la legitimidad del Estado.

Aunque tácticamente un bombardeo pueda eliminar a un cabecilla, el análisis sostiene que el costo estratégico es demasiado alto si en la operación mueren menores de edad. Este tipo de resultados, explica la FIP, termina fortaleciendo la narrativa de los grupos ilegales y, de manera perversa, impulsa el reclutamiento forzado como mecanismo de protección frente a ataques aéreos.

Se necesita un giro estratégico

Los expertos que participaron en el estudio concluyen que la estrategia basada en la superioridad aérea fue diseñada para un enemigo distinto al que hoy enfrenta el Estado.

Mientras que antes la confrontación se libraba por control territorial, los grupos actuales apuntan a convivir con las instituciones para manejar rentas ilegales y dominar la vida cotidiana de las comunidades.

Por estas razones, el análisis plantea la duda central: ¿siguen siendo los bombardeos la herramienta adecuada? La respuesta, aunque no niega la importancia del uso legítimo de la fuerza, sugiere que el país necesita un replanteamiento profundo.

Entre las recomendaciones destacan fortalecer la inteligencia sostenida, avanzar en una presencia territorial integral, perseguir las finanzas criminales y priorizar la judicialización efectiva. Todo ello con el objetivo de desarticular las redes criminales sin generar daños colaterales que terminen alejando a la población de las instituciones que deben protegerla.