Defensoría cuestiona levantamiento de órdenes de captura contra disidentes de ‘Calarcá’, tras presuntos lazos con Gobierno

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde se pronuncia sobre el más reciente escándalo en el país que involucra a altos funcionarios del Gobierno Nacional en presuntas alianzas con disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.

El Ministerio Público frente a esto expresa su preocupación y ha emitido algunas reflexiones sobre las bases y finalidad del proceso de paz que se viene haciendo con este grupo armado.

“El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial. De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos”, expresó la Defensoría en su comunicado.

Aunque reconoce que la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de una organización criminal es legítima cuando se adelanta un proceso de paz, el primer mandatario de la nación está en su deber de establecer protocolos y garantías para evitar que estas decisiones sean usadas contrario al objetivo de poner fin a la violencia.

Asimismo, cuestionó la decisión de la Fiscalía en julio del 2024, cuando ‘Calarcá’ y varios de sus hombres fueron capturados cuando se movilizaban en una caravana de la UNP en carreteras de Antioquia y horas después fueron liberados.

“Esto se debe a que se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad“, criticó la Defensoría del Pueblo.

A renglón seguido, dijo que actualmente hay “dos imágenes contrapuestas” del proceso de paz con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

“En el papel, el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso. electoral y avanzar hacia la paz. Incluso ha realizado gestos como la liberación de personas secuestradas”.

Otras de las preocupaciones sobre estos diálogos es que ha habido una expansión territorial y un mayor control de la población civil de esta disidencia de ‘Calarcá’ en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.

“Solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado en el último ciclo permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan en hechos reales. En ejercicio de su facultad constitucional para impulsar o mantener salidas negociadas al conflicto armado, el Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados”,

En caso de ser ciertas las acusaciones contra el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, el ente de control señala que el Gobierno tendría una mala imagen sobre sus políticas de paz.

“En ejercicio de su facultad constitucional para impulsar o mantener salidas negociadas al conflicto armado, el Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados”, enfatizó.

Finalmente, la defensora Iris Marín a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) escribió: “Necesitamos hechos de paz. Para dar confianza, además de los resultados prontos en las investigaciones, solicitamos la entrega inmediata, masiva e incondicionada de menores de edad que permanecen en las filas del llamado Estado Mayor de los Bloques y el Frente”.