Estudiantes de la zona rural de La Plata, Huila, regresan progresivamente a clases presenciales

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que las clases en los centros educativos de la zona rural del municipio de La Plata se restablecieron, a excepción de 10 sedes correspondientes a la sede San Miguel, que atiende a 535 estudiantes.

De acuerdo con el funcionario, se trata del retorno a la presencialidad luego de ordenar clases virtuales forzadas, a raíz de la situación de orden público en esta zona del occidente del departamento y que obligó a unos 1.500 estudiantes a recibir clases a través de internet.

La anterior decisión se tomó para no exponer a los estudiantes a los riesgos asociados a las operaciones militares que aún continúan en el sector, así como para prevenir posibles casos de reclutamiento forzado y proteger a los docentes que se desplazan desde el casco urbano hacia las sedes educativas.

“La medida buscó salvaguardar la seguridad tanto de la comunidad educativa como de la población estudiantil”, explicó Casallas en su momento, al exponer además que el compromiso de los docentes fue la de continuar con el proceso formativo mediante llamadas, mensajes de texto por la red social WhatsApp y otras herramientas tecnológicas; estas últimas alternativas se mantendrán en la sede que permanecerá en virtualidad.

Ahora, entonces, el secretario de educación de ese departamento hizo un enfático llamado a los profesores para que reporten cualquier situación de riesgo que se presente en el desarrollo de las clases, buscando así superar la falta de denuncias formales por parte del personal educativo.

“Es un requisito para activar los planes de prevención, reacción y protección, que los mismos profesores denuncian, reporten cualquier situación que ponga en riesgos a los estudiantes”, agregó el funcionario.

Paso seguido, Casallas confirmó que la Fuerza Pública garantiza la absoluta reserva de la información y está en disposición de implementar todas las medidas de protección que se requieran para los maestros que reporten amenazas o situaciones de peligro durante sus actividades académicas.

Es que esta clase de medidas buscan equilibrar el derecho a la educación con la protección de la comunidad educativa en una zona donde aún se presentan problemas de seguridad, de ahí que todas estas disposiciones buscan contar con alertas tempranas para así proteger a estudiantes y docentes.

Es oportuno recordar que la suspensión de clases en la zona rural del municipio de La Plata se generó después de las graves alteraciones del orden público registradas durante el pasado mes de septiembre, cuando enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc obligaron a tomar medidas extremas para proteger a los estudiantes de veredas y corregimientos.

De acuerdo con periodistas de ese departamento, todo inició cuando el rector de la Institución Educativa Villa de Los Andes, ubicada en el corregimiento de Belén, decidió suspender las actividades académicas presenciales luego que se presentara una asonada en la zona. Por eso, la medida fue inmediatamente replicada por los colegios de las veredas Las Acacias y San Miguel, afectando inicialmente a aproximadamente 1.500 estudiantes, quienes encontraron en la virtualidad la forma de continuar con sus procesos académicos.

Después, la situación se vio agravada tras denuncias de la comunidad sobre la instrumentalización de las instalaciones educativas por parte de grupos armados ilegales a la hora de los enfrentamientos.

De acuerdo con testimonios recogidos por la misma comunidad, dentro de los planteles educativos se estarían realizando citaciones para el pago de extorsiones y otras actividades delictivas, poniendo en riesgo a estudiantes, docentes y hasta los padres de familia.

Por eso, en su momento, el gobierno departamental explicó que medida buscaba proteger a los estudiantes “frente a la compleja situación de orden público que enfrenta la región por la presencia de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc”.

Esta decisión, aunque necesaria para preservar vidas, evidenció el impacto directo del conflicto armado entre las comunidades campesinas de esta parte del occidente del Huila.