Empresarios y opositores políticos en la mira de las ‘expropiaciones exprés’ que adelanta el gobierno de Gustavo Petro

El Gobierno Nacional viene adelantando, casi en silencio, lo que en su momento la exministra de Agricultura Cecilia López calificó como una “obsesión” del presidente Gustavo Petro: tener el poder de despojar de sus tierras, a dedo, a líderes opositores o sectores empresariales o de la agroindustria que no son afines a su ideología.

Aunque el petrismo intentó meter por la puerta de atrás esa facultad en el Plan de Desarrollo, luego en uno de los decretos de conmoción interior y mediante algunos proyectos de ley, el Congreso de la República y la Corte Constitucional se han opuesto a que se le otorgue un poder que, según los analistas consultados, golpea la democracia y debilita el derecho a la propiedad privada en Colombia.

Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro encontró en la firma del acuerdo de paz con las Farc la excusa que, a su interpretación, los faculta para despojar de sus tierras a cualquier colombiano sin que medie un proceso judicial. Es decir, con el simple anuncio de ‘exprópiese’ del Presidente de la República.

“En el acuerdo de paz del 2016 se convino la creación de una jurisdicción agraria en Colombia. Pero cuando uno habla de una jurisdicción agraria habla de jueces necesariamente y que esos jueces definieran de manera definitiva, valga la redundancia, los conflictos sobre la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra rural en Colombia”, explicó el abogado Guillermo Forero.

“Ese fue un pacto que se hizo y que quedó firmado, pero el expresidente Juan Manuel Santos alcanzó a ejecutar y desarrollar alrededor de un 50% de este tema a través del Decreto Ley 902 del 2017, pero no alcanzó a sacar la ley que organizaba la jurisdicción agraria antes de que terminara su gobierno”, indicó el abogado Guillermo Forero.

Lo que se esperaba en este gobierno, que entre sus políticas ha insistido en una reforma agraria, era que se presentara al Congreso de la República un gran proyecto de ley creando esos jueces y entregándoles las facultades para saldar los conflictos que existan sobre la propiedad y tenencia legítima de la tierra en sectores rurales a lo largo y ancho del país.

“Contrario a lo que se esperaba, este Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, primero con Jennifer Mujica y luego con Martha Carvajalino, optó por hacerle ‘conejo’ al país y entregar esas facultades, que eran para los jueces agrarios, al Director de la Agencia Nacional de Tierras para que dirima procesos agrarios, expropie y extinga el dominio a su voluntad e intereses”, aseguró el analista Diego Luis Sánchez.

“Muy hábilmente lo que han tratado de decir es que como no existen aún los jueces agrarios, entonces los procesos de tierras no se pueden parar y que la Agencia Nacional de Tierras tiene la facultad constitucional de tomar parte en esos procesos, cuando en realidad son los jueces civiles los que deben dirimir cualquier conflicto mientras se reglamentan los jueces agrícolas”, agregó Sánchez.

El Decreto Ley 902 del 2017 se define como la norma mediante la cual “se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente en el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras” en Colombia.

Al respecto, la senadora Paloma Valencia aseguró que esta es forma que ha encontrado el gobierno de Gustavo Petro de revivir la expropiación exprés, en la que “tu no puedes defender tu tierra ante los jueces, sino que a través de decisiones administrativas del propio Gobierno te puedan quitar la tierra de un día para otro”.

Toda un arma política

La mayor preocupación frente a los procesos administrativos que ya adelanta este Gobierno en regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar, Valle, Cauca y Guaviare, es que se convierta la expropiación exprés en una herramienta de persecución política.

A eso atribuyen algunos sectores la resolución expedida el pasado 3 de septiembre por la Agencia Nacional de Tierras, en la que le notifican al presidente del Congreso, el senador Lidio García, que el Estado adelanta trámite para ‘recuperar’ dos predios en los que figura él como propietario en el municipio de Mahates, Bolívar.

La suspicacia se origina en que la resolución se expide justamente el día en que el Senado, en sesión presidida por Lidio García, le propinó una derrota política a Gustavo Petro al elegir como magistrado de la Corte Constitucional al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, pese a que el Gobierno había hecho fuerte lobby en su contra.

Ya en mayo pasado, durante un consejo de ministros, le habían enviado el mensaje a varios congresistas de que la Agencia Nacional de Tierras los estaba investigando por las presuntas dudas sobre la tradición de las fincas que poseen a su nombre o el de algunos familiares.

“Este Gobierno no quiere que eso quede en manos de jueces sino que ese poder lo tengan ellos, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, entonces derogaron la fase judicial contemplada en los artículos 60 y 61, que establecen que las decisiones de fondo pasarán siempre por las manos de los jueces”, subrayó el abogado Guillermo Forero.

La última embestida contra la ley la hizo el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, quien demandó un par de semanas atrás la inconstitucionalidad del Decreto Ley 902 y pidió que su despacho pueda tener la potestad de decidir sobre líos de tierras sin que medie un proceso judicial, una decisión que ya había tumbado la Corte Constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, la alerta está encendida porque la demanda fue aceptada para estudio del alto tribunal y el proceso fue a caer al despacho del magistrado Vladimir Fernández, el exsecretario jurídico de Gustavo Petro en la Presidencia de la República y uno de los promotores de la eliminación de la fase judicial en los procesos de tierras.