El reversazo de la Procuraduría de Eljach frente a la reforma pensional planteada por el gobierno Petro; ahora pide declararla constitucional

Frente a uno de los temas más importantes que se discuten ahora en la Corte Constitucional es el de la reforma pensional, tramitada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue demandada por vicios de forma en su trámite en el Congreso.

El tema estaba a punto de ser abordado por magistrados, pero al ser elegido Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, pidió que se abriera espacio para que la entidad entregara su concepto jurídico en relación con la iniciativa.

Esa evaluación fue ya presentada y va en contra vía de la que ya había entregado la Procuraduría durante la gestión de Margarita Cabello, quien dio concepto negativo ante la iniciativa de reforma pesional presentada por el Ejecutivo.

Esta vez, bajo la dirección de Eljach, se le dio la venia a la reforma con un concepto positivo. Ahora el problema legal de fondo en esta decisión es que, la plenaria de la Cámara de Representantes, al parecer, no le había dado el debate a la reforma pensional, y de un plumazo la habría aprobado, acogiendo la totalidad del texto aprobado por el Senado y omitiendo así su deber legal de discutir la iniciativa, cercenando lo discutido en tercer debate, en comisión.

En contraste, el procurador ahora insistió en que no se presentaron irregularidades legales para invalidar la ley, de ahí que existe un probabilidad de que esta cobre vida en los próximos meses.

“El Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional, de modo muy respetuoso, que declare la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024 (…) como quiera que en su transcurso legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”, fue la postura de Gregorio Eljach.

Paso seguido, el máximo representante del ministerio público alertó sobre que si la Corte no avala la solicitud, deberá considerar que la reforma ya ha comenzado a generar efectos jurídicos, a pesar de que su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2025.

Es que uno de los principales motivos del procurador para darle visto bueno a la reforma es que, según informes de Colpensiones, más de 40.000 ciudadanos han trasladado sus ahorros desde fondos privados hacia el régimen público, bajo la legalidad que de la “ventana de traslado”, contemplada en la reforma.

“Frente a esas personas, la reforma ya ha creado derechos. Revertir esas operaciones podría ser tremendamente complejo, lo que podría augurar una litigiosidad de efectos impredecibles”, agregó el procurador.

En su anuncio, Gregorio Eljach igual mente hizo un llamado a la Corte para que tenga en cuenta la urgencia de una reforma estructural al sistema pensional colombiano para evitar futuros colapsos fiscales.

“El país requiere imperiosamente de una reforma pensional. Todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas y políticas, coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del régimen actual”, agregó el procurador.

Finalmente, recordó que, pese a las tensiones políticas y las dificultades en el Congreso, durante 2023 y 2024 se logró aprobar una reforma que intenta resolver esa problemática, “así no sea de modo perfecto”.