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Desplazados pese a la paz: el llamado de los firmantes, entre ellos el hijo de Manuel Marulanda Vélez, para que cese la violencia que los expulsa de sus tierras
Los firmantes del Acuerdo de Paz están siendo desplazados de los espacios territoriales (ETCR) desde donde avanzan hacia la reincorporación. El caso más reciente es el de Miravalle, en el Caquetá. Pese a todo, intentan reconstruir lo perdido.
Rigo Marulanda, hijo de Manuel Marulanda Vélez, el fundador de la extinta guerrilla de las Farc, recuerda que la vida le cambió hace un año en un salón de clases. Allí, 145 firmantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla, que hacían parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez ubicado en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, se reunieron. La noticia que escucharon los dejó en silencio.
“Recibimos amenazas de grupos armados ilegales. Nos dieron un mes para irnos de la región”, anunció uno de los miembros del consejo directivo del ETCR.
Al WhatsApp de Rigo comenzaron a llegar mensajes de solidaridad. Él continuaba aturdido. En el ETCR Mariana Páez de Mesetas los 145 firmantes de paz y sus familias vivían desde que se estableció el Acuerdo. Mesetas fue el último lugar donde se hizo la dejación de armas por parte de las Farc.
— Teníamos una historia grande. Y que te digan que tenés que salir de tu casa, del lugar donde estábamos construyendo la vida hacia otro tipo de sociedad donde no existiera la violencia, fue muy duro. Dejar esa historia atrás, lo que se había logrado allí, fue lo más difícil. Y comenzar de nuevo. Porque así tocó – dice Rigo. Al fondo, canta un gallo.
Rigo, junto a otros dos de los hijos de Manuel Marulanda Vélez, fundaron el Café Maru, una marca que nació en el ETCR Mariana Páez de Mesetas. El café, pensó Rigo, el símbolo nacional de Colombia, siempre ha unido, como el fútbol. Alrededor de una taza de café es posible conversar sobre lo que nos distancia.
Con el emprendimiento, Rigo participó en mercados campesinos, o en ferias como Expoagro en Bogotá y Expomaloca en Villavicencio. Una marca de café de reincorporados era algo que atraía la atención de los consumidores, lo que hizo que llevaran bolsas en presentaciones de 250 y 500 gramos hacia México, Francia, España, Bolivia, Estados Unidos y otros países.
Todo parecía ir bien hasta que llegó la pandemia del coronavirus, que lo paró todo. Después, el desplazamiento por las amenazas de grupos armados ilegales contra los firmantes de la paz que, en el caso del ETCR Mariana Páez, también implicó sacar uno de los proyectos productivos más ambiciosos: la Cooperativa Multiactiva por un Nuevo Campo Colombiano -COAGRANCC — dedicada a la ganadería.
— Al salir del ETCR de Mesetas, llegamos, por gestión del Gobierno Nacional y el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU y la Agencia para la Reincorporación, a la finca El Berlín, en el municipio de Acacías, Meta. El proyecto de café – que ahora se llamará Café Manú, porque Maru era un nombre que ya estaba registrado – paró durante siete meses. Aunque trajimos las máquinas a la nueva finca, necesitamos un lugar adecuado dónde ubicarlas. La electricidad no es suficiente, y necesitan de un mantenimiento después de tanto tiempo paradas. No tenemos los recursos para hacerlo. En siete meses de inactividad perdimos clientes, proveedores. Por ahora logramos reactivar el proyecto pidiendo el servicio de trillado, tostión, molida y empacado a unos compañeros de la zona. Y le compramos el café a los campesinos de Mesetas. La idea es que Café Manú le compre el grano a los campesinos que fueron víctimas del conflicto, pero con el desplazamiento sufrido se afectó el emprendimiento – dice Rigo.
Los desplazamientos de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que sufren los firmantes de paz son una de las principales amenazas a la implementación del Acuerdo, precisamente porque significan un retroceso en el cumplimiento del mismo, al poner en riesgo la viabilidad de los proyectos productivos de los firmantes para su reincorporación y en varios casos, extinguirlos.
El caso más reciente es el del ETCR ubicado en Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá. Los firmantes de paz debieron salir luego de las amenazas que recibieron del Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc que sostiene una disputa por el territorio con el grupo que se hace llamar Segunda Marquetalia.
“Nuestra salida de la vereda Miravalle es inminente”; “la decisión de cambiar fusiles por remos fue justamente para navegar hacia nuevos horizontes, por la construcción de la paz, la reconciliación, la protección de la naturaleza, y con ello, generar nuevas oportunidades”; “lamentamos y nos cuesta entender este salto al pasado, esta estrepitosa incapacidad e indolencia de los actores por detener la guerra y no involucrar a las comunidades”; “es un momento fuerte y doloroso, sin embargo, no vamos a desistir”, escribieron en un comunicado los firmantes de paz de ‘Caguán Expeditions’, una empresa que surgió en el ETCR de Miravalle dedicada al ecoturismo.
Son además los fundadores del club deportivo de rafting ‘Remando por la Paz’, que representó a Colombia en los mundiales en Australia 2019 e Italia 2023, y se clasificó para el Panamericano de rafting en Pucón, Chile.
Un líder desplazado del ETCR Mariana Páez de Mesetas (el próximo 10 de agosto de 2024 se cumplirá un año del hecho), y quien pide la reserva de su identidad a causa de las amenazas que ha recibido, advierte que otra consecuencia de estos desplazamientos, además de la pérdida de los proyectos productivos de panadería, panela, ganadería, o los cultivos que los firmantes deben dejar abandonados, es la destrucción del tejido social que habían logrado consolidar en los ETCR donde se encuentran desde el Acuerdo.
— El 10 de agosto de 2023 salimos de Mesetas y llegamos a Acacías. Los primeros días fueron muy difíciles porque hay municipios donde no se ha hecho pedagogía del Acuerdo de Paz después de casi 8 años de la firma. Por eso el primer comentario que se escuchó en Acacías nos puso en riesgo, nos estigmatizó: “llegó la guerrilla”, se comentó, no “los firmantes de paz”. Se debe entender que somos como cualquier ciudadano, no portamos armas, no queremos más guerra, y estamos trabajando, pese a las dificultades que enfrentamos, para alcanzar la paz – dice el líder.
El alcalde de Acacías es un coronel retirado de la Policía. Se llama Carlos Julio Plata Becerra. Para facilitar la llegada de los firmantes de paz al municipio, y hacer pedagogía con la comunidad, estableció un enlace de reincorporación en su administración.
En el municipio de San Juan de Arama, en el Meta, los firmantes de paz del Centro Poblado Georgina Ortiz, que fueron desplazados en junio de 2023 del ETCR ubicado en la vereda La Cooperativa en Vista Hermosa, se acercan a la comunidad para derrumbar los miedos y las estigmatizaciones a través del grafiti, con el festival Colores de Paz y Reconciliación.
— El festival es una apuesta desde el arte a la generación de confianza con la comunidad de San Juan de Arama que nos recibió tras el desplazamiento. También es una manera de establecer relaciones sociales sólidas y arraigarse en el territorio, que los firmantes se apropien de este nuevo hogar al que debimos llegar – comenta uno de los líderes.
En Vista Hermosa, vereda la Cooperativa, los firmantes de paz del ETCR Georgina Ortiz vivieron durante seis años. En 2023, sin embargo, debieron salir tras el asesinato de dos firmantes. Los mataron mientras trabajaban la tierra. Uno cortaba el pasto con una guadaña; otro fue asesinado mientras alistaba la leche que iba a vender. Se trata de Henry Buitrago y Alfonso Correa Zapata. Los autores de estos crímenes siguen sin ser identificados y capturados. El desplazamiento que debieron iniciar los firmantes les generó un impacto en su salud mental y emocional que aún buscan sanar.
— Después de la muerte de los compañeros salimos sin saber para dónde. Eso es terrible. Durante cinco meses estuvimos en un polideportivo en Granada, Meta. La incertidumbre era permanente; no sabíamos ni para dónde íbamos, ni en qué condiciones llegaríamos. Hasta que se concreta la visita del gobierno, diversas entidades, y se logró concertar una tierra, donde estamos ahora, la finca Hato Rondón en San Juan de Arama. Esta tierra nos ha motivado, si bien tuvimos pérdidas considerables en lo productivo, cinco proyectos, que tendrían un valor de más de $1000 millones, y la vida de dos compañeros. Pero llegar acá también implica que nos organicemos para reconstruir lo perdido – dice el firmante de Paz del ETCR Georgina Ortiz.
Uno de los proyectos que lograron salvar pese al desplazamiento – debieron salir con las vacas – es el de ganadería. 80 cabezas de ganado producen leche para vender. A largo plazo la idea es transformar esa leche en queso, yogures y otros productos.
En la finca Berlín, de Acacías, donde se encuentran los firmantes de paz desplazados de Mesetas, se trabaja para poner en marcha un proyecto piloto en 290 hectáreas que serán distribuidas en cultivos de arroz, maíz y plátano, “con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria de Colombia”.
— Tenemos un compromiso acordado en La Habana, Cuba, y firmado en el Teatro Colón, en Bogotá. A pesar de las adversidades, los asesinatos de más de 400 firmantes del Acuerdo, seguimos firmes con la paz. No hemos dado el brazo a torcer y no lo daremos. Nos comprometimos ante el país y la comunidad internacional a dejar las armas, cambiar el fusil para crear algo que genere desarrollo en la sociedad, las condiciones para que se acabe la guerra. Porque parte de lo que está pasando con el incremento de la violencia se debe a que, pese a que se firmó la paz, las causas del conflicto, como la inequidad, persiste – dice el líder del ETCR Mariana Páez. Al fondo, se escucha el canto de los pájaros.
Mientras tanto, desde Bogotá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el director de Derechos Humanos del ministerio, Franklin Castañeda, aseguraron que ya se logró un acuerdo para el traslado seguro de los 85 firmantes de paz del ETCR de Miravalle.
De momento llegarán a un predio que el Gobierno arrendará durante un año. El Ministerio de Defensa dijo “asumir el compromiso” de garantizar la seguridad de los firmantes de paz.
