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Defensoría del Pueblo alerta problemas de atención en salud ante la liquidación de EPS
Ante la liquidación de las EPS, la Defensoría del Pueblo llamó la atención por posibles afectaciones en la prestación del servicio en zonas alejadas.
El Vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, aseguró que en las zonas rurales del país los usuarios de las EPS liquidadas se ven expuestos a traslados a otras EPS que no cumplen con convenios efectivos para garantizar el derecho a la salud.
"La liquidación de las EPS debe tener como foco a los pacientes y la continuidad de los tratamientos de los beneficiarios", aseguró el Vicedefensor en el marco del Decimocuarto Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo en Cali, Valle del Cauca.
Según la Defensoría, en las visitas de verificación en terreno que adelanta la entidad en todo el país, se ha constatado que las empresas prestadoras de salud solo tienen oficinas en las cabeceras municipales y capitales de departamento.
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"En las zonas rurales alejadas, por ejemplo en los departamentos de la Orinoquía, Amazonas, Guainía y Guaviare, el sistema de salud es solo letra escrita en la Ley pero no es accesible para la ciudadanía", afirmó la Defensoría del Pueblo en un comunicado sobre el tema.
Así mismo, en el conversatorio en Cali, la Defensoría del Pueblo también expuso cifras frente al tema de las tutelas por los servicios de salud. La información más reciente muestra que de las 176.000 tutelas que se han recibido en el primer semestre de este año, cerca de 53.000 aluden al derecho a la salud, lo que representa un 30.5% de la totalidad de las tutelas, evidenciando que este es el derecho más tutelado.
La Defensoría del Pueblo aseguró que la mayoría de estas tutelas se radican con solicitudes de tratamientos o medicamentos que en una gran medida ya son accesibles según los estándares de los tribunales y otras decisiones judiciales.
“Esto concluye que las entidades prestadoras de salud no están cumpliendo con un precedente que ya es obligatorio en el país”, concluyó la Defensoría.
