CANAL DEL DIQUE
Canal del Dique fue adjudicado a Sacyr, ¿qué sigue ahora?
El pasado 7 de diciembre finalmente se adjudicó el megaproyecto, unas obras que prometen ser clave en la adaptación al cambio climático de la región Caribe.
Tras varios aplazamientos, el pasado 7 de diciembre de 2022 por fin se adjudicaron las obras del megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, las cuales beneficiarán a municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
La adjudicación tuvo varios inconvenientes principalmente por el rechazo de algunos sectores que alegaban poca socialización del proyecto. Así mismo, un juez de la República ordenó la suspensión del proceso provisionalmente para amparar los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la consulta previa de varias comunidades que presentaron una acción de tutela en contra de las obras.
Tras varias mesas de diálogo finalmente se llegó a un acuerdo con las comunidades y el juez levantó la medida, dando vía libre a la adjudicación del megaproyecto.
La firma española Sacyr, que siempre figuró como única proponente dentro del proceso, fue la que se quedó con las obras, al cumplir con todos los requisitos necesarios para asumir el contrato de concesión, el cual tendrá un plazo de 15 años.
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Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó que la intención del Gobierno de Gustavo Petro siempre fue adjudicar las obras del canal del Dique escuchando los requerimientos y necesidades de las comunidades que serán impactadas por este proyecto.
“Para el Gobierno era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, destacó Reyes.
Lo que viene
Los 15 años del contrato de concesión están divididos así: primero habrá año y medio para la etapa de preconstrucción del proyecto; luego, cuatro años y tres meses para la construcción de las unidades funcionales; y otros nueve años y cuatro meses para actividades de operación y mantenimiento.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en esta etapa de preconstrucción se adelantarán requerimientos técnicos, ambientales, sociales y prediales que permitirán dar paso a la construcción. Esto no excluye que durante este tiempo se puedan hacer intervenciones ante eventualidades derivadas por las temporadas de lluvias.
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“En esta fase el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable”, aclaró la entidad.
Cabe recordar que las obras del megaproyecto del canal del Dique consisten en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estas obras prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, controlar el tránsito de sedimentos que provocan turbidez en la bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal.
La ANI estima que al menos 61 mil empleos entre directos e indirectos se deriven de estas obras que tendrán una inversión de $3,2 billones.
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Según el cronograma publicado por la entidad, se espera que la ejecución del contrato comience en los 35 días hábiles siguientes a la suscripción, algo que debe darse en los 15 días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se realizaron 20 mesas de diálogo con las comunidades de los tres departamentos que tienen influencia en la zona.
Estas mesas se sumaron a las más de 250 que se hicieron durante la estructuración del proyecto -que duró casi siete años- y a las 16 consultas previas que fueron ordenadas por el Ministerio del Interior.
Según la ANI, este proyecto impactará a 1.5 millones de personas y a un total de 19 municipios: ocho en Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan), diez en Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena, Mahates, Maríalabaja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana) y uno en Sucre (San Onofre).