Jueza sancionó con un día de arresto a funcionario de la Alcaldía de Cali; Secretaría de Seguridad se pronunció

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali sancionó a Javier Garcés Mosquera, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, con un día de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por desacatar una tutela.

La decisión se tomó en el marco de un incidente de desacato promovido por el expersonero de Cali, Andrés Santamaría Garrido, contra la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

Tras estudiar el recurso, la jueza Lina Maritza Muñoz determinó que la dependencia mencionada no cumplió de forma completa una sentencia de tutela que ordenaba responder un derecho de petición sobre la ocupación irregular de espacio público.

A pesar de que los requerimientos fueron atendidos de manera parcial, el juzgado concluyó que no se entregó la información solicitada sobre los funcionarios responsables del plan de acción.

El documento que conoció El País evidencia que la sentencia de tutela del pasado 5 de marzo ordenaba a la dependencia bajo el mando de Garcés Mosquera suministrar una “respuesta de fondo, clara y precisa” sobre el derecho de petición presentado por Santamaría en el mes de febrero.

Por esa razón, ordenó dar una respuesta en un plazo no mayor a 48 horas. Y aunque el funcionario aseguró que acató la tutela y pidió que se archivara la solicitud, la jueza estableció que solo cumplió la orden parcialmente.

“Se echa de menos información relativa al nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan, pues la mera referencia a las áreas involucradas en el control y prevención de asentamientos subnormales no implica, por sí misma, la determinación de las personas encargadas que era lo solicitado por el interesado”, detalla el Juzgado Noveno en su decisión.

Asimismo, la jueza expuso que la Subsecretaría de Inspección no justificó por qué fueron omitidos los nombres de los funcionarios a cargo del mencionado plan.

Teniendo en cuenta lo anterior, el juzgado tomó la decisión de imponer arresto de un día y una sanción económica de un salario mínimo legal mensual vigente, que para este año equivale a 1.423.500 pesos, orden que deberá ser cumplida en el plazo establecida.

“La multa deberá ser pagada por el sancionado dentro de los diez días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de este proveído una vez le sea notificada esta decisión en legal forma”, agrega el documento.