Así se comportó la asistencia al Concejo de Cali en el primer semestre del 2025; reciben $721.000 por sesión asistida

Las ausencias de representantes políticos a las sesiones de las corporaciones a las que fueron elegidos popularmente, donde se discuten políticas locales, regionales y nacionales, como es el caso de concejos, asambleas y Congreso de la República, tienen un impacto directo en la aprobación de planes, proyectos y leyes con las que se espera mejorar la vida de los colombianos.

Uno de los casos más recientes de lo que se conoce como ‘ausentismo’ se dio el pasado 14 de julio en el Concejo de Cali. Ese día estaba programado un debate de control político a la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mabel Lara, pero, luego de esperar por cerca de 45 minutos, tuvo que ser cancelado debido a que en el hemiciclo solo estaban presentes 10 de los 21 concejales, cifra que no alcanzaba el quórum requerido para dar inicio a la sesión.

Esto ha generado un debate sobre de las dinámicas en el interior de este recinto, en especial luego de que el concejal Andrés Escobar solicitara al Concejo que se le permitiera asistir a las sesiones de manera remota, argumentando amenazas en contra de su vida que le impedirían estar presencialmente, en lo que supone el único caso en el que se ha adoptado este método en dicho lugar desde la pandemia del Covid-19.

Según cifras proporcionadas por el Observatorio Cali Visible, de la Pontificia Universidad Javeriana, hasta el 15 de junio pasado se habían realizado 66 sesiones en el Concejo de Cali.

De ellas, solo seis cabildantes acudieron a la totalidad, mientras que los concejales James Agudelo, Marlon Cubillos, Roberto Ortiz y Carlos Patiño son quienes más veces han faltado a los llamados, con 56, 57, 56 y 53 sesiones asistidas, respectivamente.

Según explica el Secretario del Concejo, Herbert Lobatón, el Cabildo de la ciudad sesiona durante tres periodos al año: el primero, de marzo a abril; el segundo, de junio a julio, y el tercero, de octubre a noviembre.

Dentro de estos periodos se programan cerca de 150 sesiones, que pueden ser plenarias ordinarias e incluyen debates a control político (como estaba previsto que fuera el de Mabel Lara) o asuntos propios de las comisiones (entre las que se encuentran las de Presupuesto, Plan y Tierra, Género e Institutos). Estas plenarias pueden extenderse hasta por 10 días, así como se pueden presentar llamados extraordinarios, según lo decida el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Para cada inicio de sesión, el Secretario debe llamar a lista para comprobar si existe el quórum obligatorio (la mitad más uno). De no alcanzar dicho número, se puede proceder a dar un lapso de 15 minutos de espera. Hasta ese momento, la asamblea no puede adquirir un carácter decisorio.

Según la ley 136 de 1994, la asistencia a dichas sesiones se ratifica únicamente a partir del primer llamado hecho por el Secretario, algo que se ha prestado para toda suerte de interpretaciones por parte de los cabildantes, entre quienes suele ocurrir que, después de comparecer para dicho llamado, se retiran del Concejo antes de que se acabe la sesión.

Esta irregularidad llama la atención entre la ciudadanía, especialmente al tener en cuenta los costos que representa cada uno de los representantes con voz y voto en el Concejo de Cali.

Según la ley 2461 del 18 de junio del 2025, se decretó que los honorarios para los concejales de municipios como Cali, considerados de categoría especial, ascienden a $721.000 por sesión, sin contar las deducciones en materia de impuestos que se le aplican. Para el caso de quienes asisten a la totalidad de las sesiones ordinarias, puede ascender a $108.150.000 durante un año, o poco más de $9.000.000 mensualmente.

Este monto depende únicamente de la sesión a la que se asista; para aquellas a las que los concejales no asisten no existe remuneración alguna.

Para el caso del concejal Escobar, Edison Lucumí, presidente del Concejo para el 2025, explica que, luego de que el concejal presentara los documentos de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que sustentaban las amenazas contra su vida, desde el Cabildo se tomó la decisión de otorgarle esta medida excepcional. “Le dieron la medida por un año, pero la semana pasada le pedí a la UNP que me informaran cómo estaban las medidas de seguridad de él (...) También le he pedido a la Policía Nacional que haga mayor presencia aquí en el Concejo en el momento en que estén las plenarias. Eso ya fue informado al concejal Escobar”, comenta.

El País intentó ponerse en contacto con Andrés Escobar para saber cuál es el estado actual de las amenazas que lo han mantenido por fuera del Concejo de Cali desde el pasado 2 de mayo, y si tomará en cuenta las medidas de seguridad anunciadas por el presidente del Concejo, pero no se obtuvieron respuestas por parte suya.

Las dinámicas del Concejo

La ausencia de representantes en lugares como el Concejo de Cali tiene un impacto directo en la calidad del debate sobre las políticas públicas de la ciudad.

Para el concejal Edison Alberto Giraldo Hoyos, de la coalición Cali Nos Une, este es un fenómeno de larga data: “Ha sido algo que se ha normalizado, porque muchos concejales tienen diferentes compromisos, sobre todo de carácter social, con las comunidades. Hay algunos que se ausentan sin una excusa válida”.

Según él, estas dinámicas deterioran la calidad del debate que se da en el interior del recinto. “Lo preferible es que estemos todos y que logremos aportar al debate para, precisamente, representar a las diferentes comunidades”.

Por su parte, la concejal por el partido Colombia Renaciente, Daniella Plaza, opina que el ejercicio de la política involucra dinámicas que están tanto dentro del Concejo como por fuera de él, y que por lo tanto se debe a ambos espacios.

“Creo que un concejal que solamente asista al hemiciclo pero no vaya a la calle, o al revés, no cumple el trabajo por completo. El rol del concejal implica estar acá, hacer los debates de control político, representar a los ciudadanos, pero para ello necesitamos también escucharlos”, opina.

Uno de los aspectos que sobresalen cuando se trata de entender este fenómeno (y el de la falta de participación en las sesiones) es el de las distintas agendas que cada concejal maneja, y que no en todos los casos tienen relación con aquello de lo que se habla en los debates.

Para el presidente del Cabildo, hay otra razón por la que, durante una sesión, aún quienes están presentes parecen ausentarse transcurrido cierto tiempo de iniciada la plenaria.

“La dinámica se da de acuerdo a la situación. Si para el respectivo debate necesito reunirme con mi equipo para investigar algo, salgo a la oficina. Eso hacen algunos concejales”.

A propósito de esto, aclara que desde el Concejo no se tiene estipulado un auxilio o pago para esquemas de transporte privado o manutención de los equipos de trabajo de cada cabildante, quienes los asumen por cuenta propia.

Esto explica que, durante la sesión del pasado 24 de julio, en la que El País hizo presencia, fuera habitual ver a los concejales pararse de sus sillas para consultar a otros de sus compañeros, discutir con integrantes de sus equipos, ausentarse por algunos minutos y volver con documentos en la mano o, incluso, atender a medios de comunicación al pie del hemiciclo, en medio de la intervención de otro concejal.

Frente a la situación de vulnerabilidad que concejales como Escobar aluden para ausentarse del Concejo, cabildantes como Edison Giraldo considera que hace falta un mayor esquema de seguridad en las inmediaciones del recinto:

“Lo que le hemos solicitado a la Alcaldía y a la Mesa Directiva es que tenemos que contar con una seguridad total, porque hemos visto los diferentes ataques que han sufrido los líderes sociales y políticos, y si queremos una democracia sólida, debemos tener las garantías de hacer una oposición tranquila”.