SAE responde por asentamiento de comunidades en finca de un exnarco en Zarzal, Valle; hizo importante anuncio

Luego de la creciente preocupación de los habitantes del corregimiento de Vallejuelo, zona rural del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, sobre el asentamiento de decenas de familias en una finca administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad se refirió al tema.

En diálogo con El País, Felipe Tascón, director territorial Sur de la SAE, aclaró que este proceso obedece a un convenio que tiene dicha entidad con la Agencia Nacional de Tierras para entregar predios a familias campesinas para que sean trabajados en la agricultura.

De igual manera, anunció que, así como en este caso, seguirá con la ubicación de comunidades en diferentes predios del Valle del Cauca.

“Dentro del convenio que la SAE tiene con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), están siendo entregados predios en Zarzal y El Cerrito, y en el corto plazo en otros municipios del departamento. Acto seguido, es la ANT quien asigna esos predios a comunidades campesinas, desplazadas o étnicas”, sostuvo Tascón.

Siendo así, el funcionario indicó que la entidad encargada de la ubicación de los asentamientos es la Agencia Nacional de Tierras, ya que es la única que puede realizar titulación.

“La caracterización de las personas que llegan es potestad de la ANT en la medida que es la única institución con capacidad de titular tierras”, reiteró.

Frente a la situación de predios administrados por la SAE y que se obtuvieron por medio de extinción de dominio, Felipe Tascón asegura que se realizan monitoreos constantes para evitar que los inmuebles vuelvan a quienes eran sus propietarios por medio de testaferros.

“Un volumen importante de tierras de la SAE en el Valle del Cauca está ocupado irregularmente, en muchos casos por testaferros de los mismos individuos a los que, en su momento, la Fiscalía se los incautó y los entregó en administración a la SAE”, explicó.

A reglón seguido, expuso que “también existen contratos de alquiler legales, con personas no ligadas a las actividades ilegales”.

En ambos casos, el funcionario explica que la SAE puede intervenir para tomar medidas y evitar que el predio sea utilizado para ilícitos.

“En el primer caso, procede el desalojo, que ejecuta, de acuerdo con los convenios institucionales, la ANT”, dice Tascón, en caso de que haya un testaferro de por medio.

Sobre el segundo caso, asegura que “la ley de extinción de dominio de 2014 le da la potestad a la SAE de cortar esos contratos de alquiler, cuando el bien tiene una destinación social y específicamente de reforma agraria”, argumentó.

Sobre las repercusiones sociales de la llegada de decenas de familias en distintos territorios, como es el caso del asentamiento en una finca del corregimiento Vallejuelo, Zarzal, Tascón aseguró que estos procesos siempre conllevan “traumatismos”.

“En la transición, es evidente que tiene que haber traumatismos, porque latifundios que hoy son ocupados por muy pocas personas y normalmente vacas o caña de azúcar, pasan a ser propiedad de campesinos, hoy sin tierra, que llegan con sus familias para dedicarse a la agricultura. Es decir, claramente, hay un incremento de la densidad poblacional en esos predios", aseveró.

Por último, enfatizó que este proceso también tiene acompañamiento institucional para el desarrollo de proyectos productivos.

“El Estado, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, en paralelo implementa los proyectos productivos para acompañar a estas familias en sus nuevos asentamientos”, concluyó.

Cabe recordar que los habitantes del corregimiento Vallejuelo expresaron su preocupación por la llegada de al menos 250 personas a un predio de un exnarco, en donde señalan que no habría servicios básicos para garantizar las condiciones de salubridad de quienes llegan o de los vecinos.