Concesionario de la obra Mulaló-Loboguerrero reveló que “ha sido imposible” ejecutar el proyecto y busca la terminación del contrato

Ante la polémica que ha suscitado la obra de la vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, el concesionario encargado de la misma, Covimar, se pronunció y aseguró estar dispuesto a entregar todas las garantías necesarias para concertar una solución rápida y eficaz para el correcto desarrollo del proyecto por parte de otro licitante, si así lo considera el Estado.

En un comunicado emitido este miércoles, 19 de marzo, el concesionario sostuvo que junto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se discutirán las salidas para responder por las obras, pero dejó claro que lo que están buscando actualmente es conciliar la terminación del contrato por el desgaste vivido en todos estos años, así como el desequilibrio económico que han presentado.

Con dicha terminación anticipada se permitiría, según manifiestan, que los recursos de la obra que están actualmente disponibles puedan utilizarse para la construcción de la carretera por cualquier otro licitante, en la modalidad de obra pública, o para otro proyecto de infraestructura en cualquier región del país. En otras palabras, el riesgo de que el Valle se quede sin el proyecto es latente.

En el documento, Covimar también enunció varios puntos en los que explicó el porqué los trabajos han estado frenados desde hace siete años, tiempo después de que ellos suscribieran el contrato.

Según argumentó la Concesionaria Nueva Vía al Mar, la continua oposición de algunas comunidades al trazado del proyecto vial y la demora para ser otorgada la licencia ambiental requerida para ejecutar el proyecto, la cual tardó más de seis años, son solo algunas de las razones que “han hecho imposible continuar con la ejecución del contrato”.

Estas situaciones motivaron al distribuidor a solicitar ante un Tribunal de Arbitramento la terminación anticipada del contrato (lo cual fue negado en abril del 2023), y a convocar una serie de reuniones en las que se habría demostrado que, por la demora en el otorgamiento de los permisos necesarios, se manifestaba un desequilibrio del contrato para el concesionario y como consecuencia se hacía necesario el aporte de recursos adicionales por parte de la ANI.

“A pesar de la contundencia de los informes presentados en las jornadas, la ANI se ha negado a reconocer abiertamente la existencia de un desequilibrio económico del contrato, aun cuando, en el año 2024, la Agencia efectuó oficialmente una nueva solicitud de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, solicitud que este negó por falta de recursos presupuestales”, manifestó Covimar en el documento.

Con esta última, ya acumulan dos veces en la que el Estado le niega a Covimar la asignación de mayores recursos para el proyecto. La primera ocurrió en el primer semestre del 2022, durante la administración Duque.

Frente a los recursos de vigencias futuras que están consignados a favor de la obra de la vía Mulaló-Loboguerrero, el concesionario advirtió que dichos aportes, que ya ascienden a más de $2,2 billones, se encuentran en un patrimonio autónomo a disposición del proyecto, sin que el distribuidor “haya recibido o se haya lucrado de un solo peso de estos”.

Covimar también enfatizó en que, a lo largo de los años, ha aportado recursos propios por un monto muy considerable para pagos de personal, procesos de licencia ambiental y de consulta previa, compra de predios, entre otros, gastos que aseguran han sido aportados en su totalidad por los socios del concesionario.

En el documento, el distribuidor concluyó que pone en conocimiento del interés público esta cronología factual de eventos y “reafirma su compromiso para alcanzar acuerdos que permitan la ejecución del proyecto de la manera más beneficiosa para los intereses del Estado y el bienestar general del país”.