Petro pidió investigar un desembolso que hizo el Gobierno para la concesión de la vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle

En el consejo de ministros realizado este martes para exponer la posición del Gobierno sobre la situación del sistema de salud en el país, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la concesión de la vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, proyecto que se encuentra varado.

En ese sentido, el jefe de Estado pidió que se abriera una investigación para determinar por qué salió un dinero del presupuesto de Hacienda para la concesión de esta importante vía, que “ha sido imposible” de ejecutar, según informó hace algunos días el concesionario de la misma, Covimar.

“Quiero que se investigue por qué salieron $ 270 mil millones del presupuesto de Hacienda para pagar la concesión que no existe de Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca”, manifestó el presidente Petro en el consejo de ministros.

Posterior a eso, el jefe de Estado se cuestionó: “¿Por qué salió cuando ya se había aplazado con firma del presidente de la República en el decreto de aplazamiento vigente de hoy? Ellos van a decir que no, porque era el presupuesto de este año y el que se pagó fue el del año pasado, que también recortamos (...) ¿Por qué si no existía la concesión?”, añadió.

Tras dichas declaraciones, el mandatario de los colombianos no profundizó más sobre el tema y afirmó que “esto lo dejo para otro tema”. Sin embargo, la controversia por esta obra para la región va mucho más allá.

En primer lugar, es de precisar que dicha concesión de la vía se adjudicó hace 10 años y el concesionario encargado se encuentra actualmente en una conciliación con el Estado para dar por terminado el contrato de manera anticipada. Según Covimar, desde 2015 el concesionario ha invertido más de $370.000 millones, sin incluir el valor de equipos que se han mantenido disponibles para la ejecución de la obra.

Adicionalmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se demoró siete en entregar las licencias que permitían intervenir los terrenos por los que pasaría la carretera. Esto llevó a que la concesionaria, según manifestó en un comunicado reciente, tuviera que poner dinero propio para cubrir varias gestiones del proyecto, por lo que ha venido solicitando desde hace algunos años que el Estado colombiano le reconozca esos gastos y se haga una adición al presupuesto de la obra para poder continuar, argumentando que ha habido desequilibrio económico, pero sus pretensiones no han sido correspondidas en dos oportunidades, una durante el gobierno de Iván Duque y otra en la actual administración nacional.

Hay que recordar que Covimar, a través del comunicado mencionado, precisó que junto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se discutirán las salidas para responder por las obras y para poder brindar las garantías para dar solución al desarrollo del proyecto, pese a la conciliación para finalizar el contrato.

El concesionario también confirmó que hay $2,2 billones de pesos que se encuentran en un patrimonio autónomo, dinero sobre el cual aseguraron no haber recibido ni haberse lucrado “de un solo peso de estos”.

Según añadieron, los recursos que están disponibles y podrían utilizarse para la construcción de la carretera por cualquier otro licitante, desmarcándose del proyecto, o para cualquier otra obra de infraestructura en el país.

“A pesar de la contundencia de los informes presentados en las jornadas, la ANI se ha negado a reconocer abiertamente la existencia de un desequilibrio económico del contrato, aun cuando, en el año 2024, la Agencia efectuó oficialmente una nueva solicitud de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, solicitud que este negó por falta de recursos presupuestales”, dice la misiva de la concesionaria.