Nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia es demandado por presunta violación a ley de cuotas de género

El reciente nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia ha sido cuestionado legalmente.

El Consejo de Estado recibió una demanda electoral que busca anular el decreto 647 del 13 de junio de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro oficializó su designación tras la salida de Ángela María Buitrago.

La acción judicial fue presentada por el ciudadano Juan Manuel López Molina en Armenia (Quindío), alega que el nombramiento de Montealegre infringe cupos obligatorios establecidos en la normativa de género, y que su despacho como ministro de Justicia resulta contrario a la Ley 581 de 2000 y la Constitución Política.

López Molina sostiene que no hay cosa juzgada en este caso y solicita un pronunciamiento de fondo. Según López Molina, el decreto presidencial ignora los criterios de género consagrados tanto en la ley como en la Constitución, por lo que solicita al Consejo de Estado un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del nombramiento.

También señala que no existe “cosa juzgada” que impida una revisión del caso. El demandante aseguró que el decreto expedido por la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y el ministro entrante, vulnera derechos fundamentales al no respetar la representación femenina mínima exigida para cargos del más alto nivel decisorio.

Montealegre fue nombrado en reemplazo de la exministra Buitrago, quien renunció al cargo alegando presiones externas sobre decisiones administrativas.

Su salida abrió paso a una recomposición en el gabinete que es cuestionada por presuntamente reducir la proporción de mujeres en altos cargos, situación que según el demandante contraviene la Constitución y la legislación vigente sobre equidad de género.

El decreto fue expedido el 13 de junio y notificado a las partes, según consta en el expediente remitido al alto tribunal. La Sección Quinta deberá estudiar si el nombramiento puede mantenerse o si se configura una falta que obligue a su nulidad.

En paralelo a esta controversia jurídica, Montealegre se ha posicionado como una de las principales voces del Gobierno en la defensa de una Asamblea Nacional Constituyente.

La Sala aún no ha fijado fecha para audiencia inicial ni ha emitido pronunciamiento preliminar sobre la admisibilidad de la demanda.