Misión de Observación Electoral se pronunció sobre la consulta popular y la decisión de la Registraduría de no convocarla

En un comunicado dirigido a la opinión pública y medios de comunicación, la Misión de Observación Electoral (MOE) mencionó que la decisión de Hernán Penagos, el cual advirtió que la consulta popular no podría realizarse el 7 de agosto luego del “decretazo” de Gustavo Petro, es “acertada y prudente”.

Sobre los motivos, la entidad mencionó que la decisión se adopta para “esperar los pronunciamientos de las altas cortes”, antes de adelantar o no “la organización de la Consulta Popular”.

De igual manera, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, argumentó sobre la pertinencia de aplazar la puesta en marcha de los preparativos para el mecanismo de participación.

“La decisión de la Registraduría resulta pertinente, considerando que, actualmente, en torno a la Consulta se encuentran en trámite 44 acciones de nulidad, 97 acciones de tutela en el Consejo de Estado, así como 11 demandas radicadas ante la Corte Constitucional”, aseveró la directora.

Asimismo, para el subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, la constitucionalidad definirá lo que pase al respecto, si se sigue adelante o se descarta el tema. “Es importante que las altas cortes se pronuncien con celeridad para que se resuelvan las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Por otro lado, destacó la importancia la importancia de “canalizar estas tensiones a través de los mecanismos constitucionales a fin de reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.

Tensiones que se han visto incrementadas por los comentarios a medios y en redes sociales desde ambos lados, sobre todo por parte del presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Finalmente, la Misión de Observación reafirmó la necesidad de preservar el orden constitucional como principio rector de la democracia colombiana, y de promover un debate público abierto, informado y respetuoso, que fortalezca la legitimidad de las decisiones que se vayan a adoptar frente a este método de participación ciudadana.

Cabe recordar que, en horas de la mañana, el Registrador informó que la consulta popular no se podría llevar a cabo en las fechas contempladas por el Ejecutivo, considerando el 7 de agosto como el día para la realización del proceso electoral.

“De hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar a una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la Registraduría requiere de tres meses, como así lo determina la Constitución y la ley”.