El presidente Petro se pronunció tras hundimiento de la consulta popular: “Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”

Tras conocerse la noticia del hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República, con 49 votos por el “no” contra 47 a favor del mecanismo de participación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “fraude” lo ocurrido.

“No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970″, afirmó el mandatario a través de un trino en su cuenta de X.

“El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación”, aseveró Petro y continuó, “estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir.”

El Mandatario propuso de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente.

“La orden como Presidente de la Repúbllca de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser a la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía. Conservar la paz y la alegría”, dijo en su cuenta de X.

Añadió que ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular, dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. “Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida”.

Mientras tanto, siguen las reacciones por la noticia. El senador Nicolás Albeiro Echeverry, del Partido Conservador, dijo que el hundimiento de la propuesta de consulta popular sobre la reforma laboral en el Senado de la República representa una victoria para la democracia, la responsabilidad fiscal y la defensa del empleo en Colombia. Desde el Partido Conservador, celebramos esta decisión como un acto de coherencia legislativa y de compromiso con los verdaderos intereses de los trabajadores y empresarios del país.

“Esta consulta, impulsada por el Gobierno Nacional, era innecesaria, costosa e irresponsable. Se estimaba que su realización podría costar más de 750 mil millones de pesos, sin generar efectos jurídicos reales. Además, incluía propuestas que, de aprobarse, habrían generado mayor desempleo, afectado la formalización y puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de microempresas colombianas”, aseguró.