Cruce de acusaciones entre Dilian Francisca Toro y Duvalier Sánchez, en sesión de control político en Cámara de Representantes

Este 1 de octubre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes adelantó un debate de control político de control político, en el que se hizo énfasis en los fondos mixtos y el manejo de recursos públicos en el Valle, señalados por presuntos actos de corrupción y cartelización.

La sesión, que tuvo como protagonista al congresista Duvalier Sánchez, generó un fuerte cruce político tras la ausencia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien envió una carta en la que acusó al parlamentario de hostigamiento y violencia política.

La citación también incluía al gobernador de Caquetá, el rector de la Universidad del Valle, la gerente del Fondo Mixto y otras autoridades. Mientras algunos asistieron, Toro Torres decidió no hacerlo y envió una comunicación en la que cuestionó la legitimidad de la sesión.

Según la mandataria, la convocatoria era “un show mediático y politiquero” impulsado por Sánchez en medio de la coyuntura electoral. En la misiva, la gobernadora aseguró que el congresista la ha “perfilado en redes sociales, hostigado en espacios públicos e incitado al odio”, y subrayó que no existe competencia constitucional ni legal para que un representante a la Cámara le haga control político.

La respuesta de Sánchez no se hizo esperar. Desde la plenaria, el congresista del Partido Verde calificó la carta como “una ofensa” contra el Congreso y negó que se tratara de un caso de violencia política de género. “Los debates se dan con argumentos y evidencia, no con excusas basadas en el género. Lo que está en juego aquí es la corrupción en los fondos mixtos, que han saqueado recursos de regalías y proyectos sociales”, afirmó.

Durante su intervención, Sánchez expuso lo que llamó un “sistema de cartelización” en la contratación pública a través de los fondos. Según cifras presentadas, entre 2022 y 2024 se habrían comprometido más de 33 billones de pesos en proyectos cuestionados.

El congresista señaló que estos esquemas asociativos, pese a manejar recursos públicos, se rigen bajo normas de derecho privado, lo que permitiría direccionar contratos, limitar la competencia y garantizar impunidad.

El caso del Valle del Cauca fue uno de los más señalados en el debate. Sánchez aseguró que, aunque la Gobernación tiene una participación accionaria del 99,3 % en el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, la mandataria se deslinda de responsabilidades. “Se niega descaradamente a asumir responsabilidades políticas sobre una entidad que está bajo su control accionario”, subrayó.

El congresista también presentó ejemplos concretos, como el proyecto de paneles solares para escuelas rurales en el Valle, con un costo de 8150 millones de pesos, que debía beneficiar a 21 instituciones educativas. Sin embargo, tras más de cinco años de ejecución, solo tres escuelas habrían recibido los equipos, de los cuales ninguno estaría en funcionamiento.

“Esto es criminal. Recursos que debían garantizar energía limpia para niños de zonas apartadas terminaron convertidos en un negocio fallido”, denunció.

El debate dejó en evidencia dos narrativas opuestas: la de la gobernadora Toro, que calificó la citación como un ataque personal y un ejercicio de violencia política, y la de Sánchez, que insistió en que se trata de un control legítimo para destapar presuntos actos de corrupción que afectan a miles de vallecaucanos.