Política
Caso Nicolás Petro: fijan fecha para nueva imputación de cargos y medida de aseguramiento
El hijo del Mandatario colombiano deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento.
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19 de sept de 2025, 03:49 p. m.
Actualizado el 19 de sept de 2025, 03:56 p. m.
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Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrentará un nuevo proceso judicial en su contra. Se conoció que ya le fue agendada una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la cual fue fijada para el próximo 1 de octubre a las 9:00 a. m. en los juzgados de Barranquilla.
Así las cosas, Petro Burgos deberá responder igualmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento, los cuales se suman al proceso por el que ya fue acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que en 2022 el exdiputado incrementó su patrimonio de forma injustificada en más de1054 millones de pesos, dinero que, según la hipótesis, habría recibido de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hisalca, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hisalca.
En esta oportunidad, el juzgado de control de garantías que asumirá este proceso será asignado el mismo día de la audiencia, fecha desde la cual también estará abierta la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de Petro Burgos, en caso de que se estipule una nueva medida relacionada con prisión preventiva o casa por cárcel.
Los nuevos cargos en contra del exdiputado surgieron por una presunta celebración indebida de contratos entre los años 2020 y 2021, que habría sido realizada por medio de terceros, equivalentes a más de $3000 millones. En esa época Nicolás Petro se desempeñaba como diputado del Atlántico.

Los procesos en contra
Esta vez, Petro Burgos será procesado por cinco contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, cuya finalidad fue la de ofrecer programas de atención a adultos mayores y estudiantes en condición de discapacidad, pero cuyos servicios no se habrían ejecutado.
Uno de los polémicos contratos fue firmado por 400 millones de pesos, de los cuales presuntamente, 120 millones habrían sido pactados para ser entregados a Day Vásquez y su entonces esposo Nicolás Petro.
Otros $80 millones, fueron repartidos en partidas iguales, para Gustavo de la Ossa, director de la Fundación, y Pedro Name, expareja de Vásquez.
En todo este entramado también figura un hombre llamado Raúl, que actualmente las autoridades investigan si posiblemente se trata de Raúl Lacouture, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario general de la Gobernación del Atlántico.


Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con amplia experiencia en periodismo regional, comercial y desde hace tres años trabajo en la sección de economía.
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