Así avanza la construcción de la reforma a la justicia del Gobierno

Trece borradores construidos y cuatro más en confección. Ese es el balance de las cuatro sesiones que hasta ahora ha adelantado la Comisión de Expertos para la reforma a la justicia, el órgano casi colegiado que el Gobierno diseñó para blindar los proyectos de reforma a la justicia que espera presentarle al Congreso.

Una de las conclusiones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien preside el grupo, al terminar la cuarta sesión el pasado miércoles, es que el 20 de julio los expertos presentarán “un primer paquete de iniciativas, luego un segundo y tal vez un tercero”.

Desde que la comisión fue creada, el ministro Osuna ha sostenido que las reformas se dirigirán al acceso a la justicia. Por eso, desde la segunda sesión de la comisión se le cerró la puerta a crear modificaciones constitucionales de alto calibre o a discutir la posibilidad de una asamblea constituyente, como es la intención del presidente Gustavo Petro y que le ha generado un gran desgaste al Gobierno.

La última discusión abordó un borrador que busca crear, frente a violencias basadas en género, un sistema con centros de atención integral y jueces especializados, una dirección en la Fiscalía que solo se centre en ese tema, jueces de garantías que se concentren en esas violencias y una ‘Sala Especial de Género’ en la Corte Suprema.

Se trata de un boceto elaborado por Adriana Benjumea, de la Corporación Humanas, y Gina Cabarcas, del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, con el apoyo de Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia. Su objetivo, explicó Ozuna, es mitigar las barreras de acceso a la justicia en las mujeres.

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, en 2023 acudieron 57 mujeres al día por presunto abuso sexual, es decir, más de 20.000 víctimas. Otras 23 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar diariamente, mientras la Fiscalía reportó 1844 feminicidios y 638 homicidios contra personas LGBTIQ+ entre 2020 y 2024.

Para llegar a un articulado consolidado, el borrador continuará en debate y revisión por parte de quienes integran la Comisión de Expertos. Ese es el camino que ya recorrieron otras 13 iniciativas aportadas por 40 integrantes de cinco subcomisiones. Hay un borrador de justicia transicional y cuatro sobre asuntos penitenciarios.

Otros cinco borradores se encasillan en el área procesal, uno más busca reformar al Instituto de Medicina Legal y otro aspira a modificar un parágrafo que habla sobre peritos. Estas últimas dos propuestas fueron presentadas por Sindemedilegal, el Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Un aspecto clave que comparten varios borradores es la consolidación de bancos de perfiles genéticos. La propuesta de Sindemedilegal para modificar a todo el Instituto, por ejemplo, plantea uno de personas desaparecidas que pueda servir para un procedimiento “sistemático, gratuito y expedito” de búsqueda e identificación.

Mientras que otro borrador, entre los discutidos el miércoles, quiere un banco “con fines de investigación criminal”. La idea es que, una vez una persona sea condenada, “la muestra genética tomada al señalado culpable sea guardada en el banco de datos para identificar reincidentes”, precisó el Ministerio de Justicia.

La intención es favorecer la persecución contra criminales. En última instancia, como lo quiere la cartera gubernamental, podría servir para que las autoridades refuercen la cacería de quienes cometen delitos, lo que permitiría una mejor atención para las víctimas, el eslabón más débil en el ámbito judicial.

Los 13 borradores consolidados hasta ahora, por tanto, solo se dirigen a normas que están en códigos o leyes ordinaria. Un caso clave es uno presentado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, que quiere incorporar a los procesos judiciales la figura de ‘persona facilitadora’.

“A través de la presente ley se busca garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, principalmente de las personas con discapacidad y personas mayores, mediante la provisión de herramientas que ofrezca una participación efectiva en todos los procedimientos judiciales”, dice un aparte del proyecto.

Con siete títulos y más de 18 capítulos, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) propone incorporar la justicia restaurativa y la terapéutica como una especialidad autónoma y como parte de distintas especialidades del derecho aplicadas en la Rama Judicial.

“La justicia restaurativa se desarrolla mediante prácticas, procesos, enfoques y programas orientados a la reconstrucción de las relaciones sociales y familiares afectadas por conflictos entre dos o más personas, la reparación integral de daños causados a las víctimas, la prevención y la transformación positiva”, explicó USAID.

La ausencia de reformas mayores, como la posible eliminación de la Procuraduría General de la Nación o de las Contralorías Departamentales, o la supresión de facultades electorales de las altas cortes, ha causado algo de distancia en algunos miembros de la comisión, pero las menores han ganado un buen lugar en la discusión.

Para la muestra, los dos proyectos presentados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. Sus dos iniciativas quieren diseñar un tratamiento diferencial para ex paramilitares que se desmovilizaron luego de haber sido víctimas de reclutamiento forzado y, además, considerarlos como potenciales sujetos de reparación.

Incluso, en ciertos sectores de la academia se ha hablado de eliminar las Notarías y sus facultades. Contrario a esa postura, en la Comisión de Expertos la Unión Colegiada de Notariado Colombiano presentó un proyecto que pretende especificar más cuáles son sus funciones, para distinguirlas, por ejemplo, de jueces de familia.

Otras reformas hablan de tasas de interés moratorio en pagos de sentencias o condonaciones de intereses entre entidades públicas que sean deudoras. La próxima reunión del pleno de la Comisión será el 2 de julio, un poco en contrarreloj. El Gobierno espera presentar un primer paquete el 20 de julio al Congreso.

Colprensa