Es hora de la unidad

Colombia revivió la que es, sin duda, una de las peores épocas de su historia, aquella en la que la Democracia y el Estado de Derecho fueron resquebrajados por la violencia, mientras el crimen organizado atacaba a la población y minaba la institucionalidad. El atentado contra el precandidato por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, cuando hacía campaña en un barrio de Bogotá, devuelve al país a esas décadas siniestras.

Además de rechazar el ataque sicarial, enviar un mensaje de solidaridad a Uribe Turbay y su familia, así como pedir por su total recuperación, es el momento de exigir al Gobierno Nacional que brinde todas las garantías para que el proceso electoral legislativo y presidencial, que ya comenzó, se desarrolle de manera segura para todos los candidatos y sus partidos políticos, pero también para los colombianos que deben tener la certeza de que su tranquilidad y sus decisiones serán respetadas.

Imposible no volver la mirada a aquellas aciagas décadas de los años 80 y 90, cuando el narcotráfico sembró el caos y puso a tambalear a toda una Nación. Además de los atentados terroristas que afectaron en primer lugar a la población civil y también a la Fuerza Pública y a las instituciones del Estado, la violencia criminal se ensañó contra los líderes del país.

En un lapso de diez años fueron asesinados, entre otros, dos ministros de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra; el entonces procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; el director de El Espectador, Guillermo Cano, y cinco candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP; Carlos Pizarro León Gómez, del recién desmovilizado M-19; Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo y Álvaro Gómez Hurtado, del conservador Movimiento de Salvación Nacional.

Fue la guerra declarada por la criminalidad contra el Estado de Derecho, contra la democracia y contra una nación que, pese a todo, se mantuvo firme en la defensa del país.

Hoy las circunstancias son diferentes a las de aquel nefasto periodo, pero las consecuencias son las mismas para Colombia.

Si bien el crimen organizado sigue siendo una amenaza en todo el territorio patrio, es imposible negar que ahora son los discursos de odio que dividen al país, los ataques sin precedentes a la institucionalidad, el querer desconocer la separación e independencia de los poderes públicos, los que están llevando a una polarización peligrosa o al uso de la violencia para silenciar al contrario.

Por ello, hay que apelar ahora, como en aquel entonces, a la unidad de los colombianos, de sus instituciones, para derrotar a quienes pretenden imponer el caos y atentar contra la democracia y el Estado de Derecho. El deber del presidente Gustavo Petro es devolverle la majestad a la República, asegurar la protección de todos los candidatos sin importar su filiación política y garantizar unas elecciones libres, en las que se respete la voluntad popular.

Este es el momento de demostrar la grandeza del Estado y de una sociedad que es capaz de entenderse en sus diferencias, reconciliarse y hacer prevalecer el respeto por la vida.