El secuestro no se puede normalizar

El secuestro extorsivo del pequeño Lyan Hortúa en Potrerito, zona rural de Jamundí, el pasado 3 de mayo, no es una escena que se repite de forma esporádica en Colombia; al contrario, es un hecho que vienen aumentando cada año por lo que las Fuerzas Militares y el Gaula deben mejorar sus trabajos de inteligencia para evitar casos como este, en los que civiles terminan en manos de criminales.

Las cifras de secuestro extorsivo en Colombia son preocupantes. De acuerdo con el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales, este delito entre enero y abril del 2025 ha aumentado 108 %.

Este año se han producido 106 secuestros de este tipo en todo el país, mientras que en el 2023 la cifra fue de 51. En el 2025, el mes en el que más se han presentado denuncias de secuestro extorsivo fue marzo, con 51 casos, frente a 14 que se registraron en el mismo periodo de 2024.

Las autoridades deben reforzar los operativos de inteligencia con el fin de no solamente desarrollar tareas de rescate, sino con operaciones que eviten este tipo de secuestros y que alerten a cualquier ciudadano que podría estar en el radar de los criminales.

Esta práctica atroz, que parecía haber disminuido con el paso de los años y los esfuerzos por desmantelar las estructuras criminales, hoy regresa como una sombra que amenaza la paz y la libertad de miles de colombianos.

Departamentos como Cauca, Norte de Santander y Arauca, sin dejar de lado el Valle del Cauca, especialmente en Jamundí y Buenaventura, se han convertido en escenarios recurrentes de estos crímenes, pero la amenaza no es exclusiva de las zonas rurales. En grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali también se han reportado casos de retenciones breves con fines extorsivos, una modalidad que sigue siendo secuestro y que genera miedo, parálisis económica y desconfianza en las instituciones.

Esta tendencia refleja no solo la capacidad operativa de los grupos armados y bandas, sino también la preocupante inacción o debilidad del Estado en ciertas regiones del país.

Es de vital importancia que el Gobierno Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, actúe con determinación, pues no es suficiente con dar a medios de comunicación declaraciones condenatorias en las que se indica que los procesos están avanzando y se encuentran en investigación, cuando en realidad permanecen estancados y con poca información sobre el paradero de las personas secuestradas.

Se necesitan políticas públicas claras, estrategias efectivas y recursos para prevenir estos delitos y garantizar la liberación de quienes hoy siguen privados de su libertad.

Además, debe haber un compromiso real para desarticular las redes de apoyo logístico y financiero que permiten que el secuestro extorsivo siga siendo un negocio.

Finalmente, es fundamental que se fortalezca la presencia institucional en los territorios más vulnerables. Donde hay ausencia del Estado, el crimen se organiza y se impone. Las comunidades deben poder confiar en que sus denuncias serán atendidas.