La violencia contra Tuluá

Tuluá fue ayer, de nuevo, blanco de los violentos. Es el accionar que se repite desde hace años, cada vez que las autoridades emprenden acciones en contra de las bandas delincuenciales o el crimen organizado que operan en esa zona del centro del Valle del Cauca, que intimidan, extorsionan, amenazan a la prensa, se apoderan del comercio y siembran el terror entre la población.

El detonante de lo ocurrido este miércoles, cuando fueron incinerados tres vehículos de servicio público y se lanzaron tatucos contra locales comerciales, sería la orden de extradición a Estados Unidos contra el líder de la banda La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’. En represalia por esta decisión, allegados a la también conocida como La Oficina, hicieron circular un panfleto en el que amenazaban al Inpec y a la ciudad.

Para comprender lo que sucede en este municipio hay que recordar el prontuario de La Inmaculada. Desde hace lustros el grupo de delincuencia organizada se apoderó de la distribución y comercialización de productos de la canasta básica familiar como la cebolla, el pollo o los huevos, declarándole la guerra a campesinos y comerciantes, extorsionando y asesinando a quienes no se pliegan a sus demandas.

Así mismo, la banda permeó a la Administración pública, cooptando secretarías como la de Tránsito o interviniendo, según denuncias de concejales, la elección del Personero municipal. En 2023 fueron asesinados la Secretaria de esa dependencia, su asesora jurídica y varios guardas de movilidad.

También se le señala como responsable de los homicidios de los concejales Eliecid Ávila y Carlos Arturo Londoño. Contra el primero atentaron un día antes de su posesión en el cabildo para el actual periodo, y al segundo lo mataron cuando salía de la rendición de cuentas de los primeros 100 días de la vigente Administración local. Hoy, además, el alcalde Gustavo Vélez, a quien La Inmaculada lo declaró como objetivo desde que era candidato, es el mandatario más amenazado de Colombia.

Con esa misma banda que tiene a la mayoría de sus jefes en las cárceles, desde donde han seguido delinquiendo, es con quien el Gobierno de Gustavo Petro ha pretendido sentarse a dialogar en el marco de su política de paz total. Los hechos recientes corroboran que no existe la mínima voluntad de llegar a acuerdos y que aún sin comenzar ya se trata de un proceso fracasado.

Sin duda se debe reconocer que las autoridades del Departamento y de la ciudad, desde la Gobernadora del Valle, la Policía y las Fuerzas Militares, junto a las autoridades municipales, vienen realizando desde el año anterior un trabajo minucioso para devolverles la tranquilidad a los tulueños y acabar con La Inmaculada o con cualquier otro grupo criminal que opere en el centro del Valle.

Hechos como los ocurridos ayer demuestran que ese objetivo está lejos de alcanzarse y que, si se les deja solos, el departamento y el municipio no podrán lograrlo. Por ello, otra vez hay que exigir al Gobierno Nacional que se apersone de lo que sucede en Tuluá, para que se restablezca el orden y se blinde de la violencia a sus habitantes.