Todos a una

Razones no faltan para que cobre actualidad la frase atribuida al dramaturgo alemán Bertolt Brecht: “¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio?”.

En oposición a las monarquías absolutas y despotismos sin límites a lo largo de la historia, buena parte de la humanidad evolucionó hacia sistemas de organización que reconocieran derechos y libertades individuales y políticas. Se idearon modos de relacionarse y tomar decisiones sobre lo público, dentro de la diversidad y las diferencias, desarrollándose con el tiempo normas y garantías jurídicas, hasta llegar a las constituciones nacionales con notables avances en las democracias.

Nuestra Constitución Política promulgada en 1991, consagra todo lo relativo a los principios fundamentales, los derechos, las garantías y los deberes, las formas de participación democráticas del pueblo, el estatuto de la oposición, la organización del Estado: su estructura, la función pública, las ramas del poder público, la organización territorial, el régimen económico, la hacienda pública y la reforma de la misma carta, entre otros asuntos.

Dicha constitución es el resultado de un consenso entre diversas fuerzas políticas y sociales en un contexto y momento histórico único e irrepetible, precedida de anteriores constituciones durante años de luchas y pugnacidad desde la independencia. Se dio paso así al sistema constitucional que legítimamente nos rige, por cuyos derroteros ha sido posible el ejercicio de la democracia y la estabilidad económica del país.

Por eso no se entiende que el gobierno intente a través de tramoyas derribar el edificio sobre el que se levanta la nación, desconociendo los preceptos y mecanismos explícitos que la constitución prevé, incluso para reformarse. Es el caso, entre otros, de la ‘octava papeleta’ en las próximas elecciones, que no tendría validez, pues son otros los mecanismos allí consagrados para convocar una Asamblea Constituyente. Poco antes fue el ‘decretazo’ para una consulta popular, y la tesis de invocar el Acuerdo de la Habana como parte del bloque de constitucionalidad, para modificar ese ordenamiento.

Sin importar las causas y los caminos legales, se intenta sistemáticamente desconocerlos a cualquier costo, cuando obstaculizan sus fines politiqueros, seguramente con miras a las elecciones y continuidad del ‘Pacto histórico’. Ante cada intención de socavar el régimen democrático desconociendo normas constitucionales, le corresponde a la ciudadanía y a las instituciones oponerse y exigir su cumplimiento.

Cualquiera sea la ideología o credo, es necesario que todos a una, como en Fuenteovejuna, nos opongamos a decisiones lesivas de lo público y a tanta leguleyada de ministros y funcionarios irresponsables. El poder de la unión y su voto en elecciones, impedirían lo indebido y la continuación de sus autores.

Es obvio que esa debe ser la reacción general, como evidente es el valor de la democracia, aún con sus imperfecciones, para no caer en una autocracia o dictadura. Porque ¿cuál otra sino aquella, sería una forma de organización mejor para Colombia?

Lo absurdo es estar en la necesidad de protegerla y urge hacerlo, al igual que amparar otros logros amenazados a pesar de sus patentes beneficios para el país, mediante la concertación y alianzas, aún con diferencias, pues se trata de salvar lo fundamental para la nación entera. ¡Qué tiempos vivimos!