Seguridad ciudadana y convivencia pacífica

Por mi propia experiencia de vida, he aprendido que sin una sólida política pública de seguridad ciudadana es muy difícil el logro de la convivencia pacífica entre los diversos sectores políticos, sociales y étnicos de la población urbana y rural en Colombia.

También, que posiblemente un error que en los últimos 70 años se ha venido cometiendo en Colombia, por parte de los diversos gobiernos, ha sido el de reducir el concepto de seguridad ciudadana a una política de acciones militares, relacionada siempre con sectores de la derecha y que, por lo tanto, la misma es contraria a un pensamiento de izquierda democrática o de centro.

En ese camino, considero que la actual existencia y crecimiento de grupos armados ilegales que vienen operando de manera conjunta con sectores relacionados con el narcotráfico, el contrabando, la politiquería y grupos delincuenciales, tanto en la parte urbana y rural de Colombia, es la mejor demostración de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados en estos años en materia humana, militar, económica y de la cooperación internacional, principalmente de los Estados Unidos y de varios países europeos, debemos decir con dolor democrático que esa política de seguridad donde se priorizó lo militar en detrimento de la lucha por el bienestar de la gente y contra la corrupción, ha fracasado.

Como no podemos quedarnos en el mundo de las lamentaciones y como la seguridad no es patrimonio ni de derecha ni de izquierda, sino de toda la población, a fin de seguir avanzando en la materialización de derechos fundamentales como la educación, la cultura, el deporte, la salud, el agua potable, el medio ambiente y el mejoramiento vial, es urgente proceder al desarrollo e implementación de una política pública de diálogos sociales y presupuesto participativo en cada uno de los municipios, donde con participación activa de los gobernadores departamentales, alcaldes municipales y voceros de la población urbana, rural y étnica, bajo la figura de que ‘todos ponen’, se logre de manera dialogada y concertada, que los recursos públicos se multipliquen en favor de la población que habita en los municipios y que es fundamental para el desarrollo de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en cada una de las regiones de Colombia, entre ellas, nuestro Pacífico sur.

Como los problemas de inseguridad ciudadana desafortunadamente siguen existiendo en nuestro país, y aprovechando las experiencias positivas y negativas que hemos vivido en esa materia, lo mismo que el desarrollo integral que en los últimos años han alcanzado nuestras fuerzas militares y de policía, considero que una tarea urgente del Presidente de la República que elijamos en mayo del 2026 es evitar la improvisación en materia de seguridad. Y, antes, por el contrario, beneficiándose de la existencia diversa de gobernadores departamentales y alcaldes municipales por mandato popular, pueda implementar de manera inmediata y urgente una política pública de seguridad ciudadana en cada municipio y región de Colombia, que tenga como centro fundamental el bienestar del ser humano y los nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la compra de votos, la violencia, las desigualdades sociales, y la contaminación ambiental entre muchos otros.

Solo así podremos ir construyendo, con la participación activa de la población urbana, rural y étnica, una política pública de seguridad ciudadana que ejerza públicamente el control y seguimiento y, de esa manera, contribuya a la convivencia pacífica como derecho fundamental de la población, tal como lo mandata la Constitución Nacional.