Proteger la investigación de Miguel Uribe

Los asesinos intelectuales y materiales de Miguel Uribe Turbay ya alcanzaron su primer objetivo, matar al senador y precandidato, una figura carismática que construyó una base política que le dio resonantes triunfos electorales para su partido, y por eso mismo un candidato más viable de lo que muchos analistas pensaban. Con dolor y tristeza, un país aterrado, pasmado e incrédulo lo sepultó.

Consumado el asesinato, la verdad y la justicia solo se materializarán si las autorías intelectuales se identifican, capturan y condenan. El segundo objetivo de los asesinos será la impunidad de los determinadores y es donde más profesionalismo, solvencia y eficacia debe mostrar la Fiscalía General de la Nación para desarrollar las líneas de investigación que en un nivel comprende las estructuras criminales que organizaron, financiaron y ejecutaron el crimen, y en otros niveles los beneficiarios políticos y los que incurrieron en omisiones inexcusables al deber de proteger al candidato. Y no estoy hablando de los escoltas.

En esa enorme responsabilidad la Fiscalía debe ser categórica porque las acciones para distraer la atención son de toda laya. Hay pistas falsas dadas por algunos de los perpetradores materiales y también intentos del gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores para desacreditar las hipótesis que los asustan. En los primeros días del crimen, el Presidente dijo que no podía hablarse de móviles políticos. Otros dijeron cínicamente que el atentado realmente era contra el gobierno. A pocas horas del sepelio, Petro descartó que hubiera responsabilidad del gobierno. Tanto afán para que la investigación vaya o no vaya en un sentido muestra la urgencia de proteger al máximo la información sobre el crimen.

También estuvo la idea de Petro de que se formara una comisión internacional al amparo de las Naciones Unidas para investigar el atentado contra Miguel Uribe y todos los crímenes contra líderes políticos, el conocido método de meterle tanto al tema que finalmente no se hace nada. Con buen tino, la fiscal Luz Adriana Camargo trazó la línea roja al gobierno.

No fue la primera vez. A una semana del atentado tuvo que tomar medidas para garantizar la independencia y objetividad de la indagación y marginó a la Dirección de Inteligencia y a la Unidad Nacional de Protección de la comisión que coordina las actividades de investigación. “El escenario perdió su norte con la incorporación de diversos funcionarios por llamamiento del Presidente de la República”, dijo la fiscal, molesta por la filtración que estaba teniendo lugar. La otra medida conducente y necesaria fue calificar el crimen como de lesa humanidad.

Hay dos circunstancias cuya investigación requerirá máxima alerta. La más importante, el extraño episodio de Manta, Ecuador, enfrentado por el gobierno con su conocida forma de evadir respuestas desviando la atención haciendo preguntas o hablando de la paz, el pueblo o cualquier cosa.

La otra es el papel de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, “con amplia experiencia en control político” según su perfil en la página web de la UNP.

Si lo que dice el abogado de la familia Uribe Turbay es cierto, que hay dos docenas de requerimientos ignorados por la UNP para mejorar la protección del senador, la responsabilidad de Rodríguez no se reduce al prevaricato, sería responsable del crimen mismo por posición de garante que es, en términos del Código Penal, quien tiene “a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido”, o “encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo”.

El presidente amenazó con denunciar a quienes hablen de estas hipótesis. Dice que es su deber como funcionario.