Privatizada la Nacional

La Universidad Nacional ha dejado de ser universidad, de ser nacional, y de ser estatal, para convertirse en un instrumento político de una minoría profesoral y una montonera de estudiantes al servicio de un interés particular del presidente Petro. Es decir, ha sido privatizada. Circulan con razón invitaciones a las honras fúnebres de la más importante institución académica del país, orgullo y portaestandarte de la nación durante 157 años.

Un breve recuento es necesario. El 21 de marzo el Consejo Superior Universitario, CSU, que preside la Ministra de Educación, eligió como rector, con cinco votos a favor y tres en blanco, a Ismael Peña. La votación fue secreta, pues tres consejeros indicaron haber sido amenazados. Informado el país de la decisión mediante comunicado oficial del CSU, no tardó el presidente Petro en rechazar la elección. Había sido derrotado su candidato.

Así inició la más triste y preocupante violación a la autonomía universitaria en tiempo reciente. Petro argumentó que no se había tomado en cuenta el resultado de la consulta interna, a sabiendas de que este no obliga. Paso seguido, el Gobierno dilató la firma del acta de dicha sesión mientras fraguaba cómo imponer a su ficha política, Leopoldo Múnera, lo que finalmente ocurrió el 6 de junio, en un proceder tan irregular como ignominioso.

Los rectores, vicerrectores, decanos y profesores no se eligen democráticamente sino con base al mérito. Las consultas reflejan un sentir de la comunidad, relevante mas no mandatorio. Así ha sido y debe ser por tratarse de una institución académica y dado que sus integrantes, en particular los estudiantes, son transitorios. Lo contrario equivaldría a que un gerente, un ingeniero calculista o un cirujano fueran elegidos por votación.

Todo, para convertir dicha institución en punta de lanza del proyecto constituyente del Presidente quien tiene en mente convertir las universidades estatales en su maquinaria política para presionar desde estas un cambio en el ordenamiento jurídico y montar su plataforma electoral, apelando, como el tiempo evidenciará, a todas las formas de lucha. Golpes, no blandos sino duros a la educación, a las instituciones y a Colombia.

Hizo bien Ismael Peña en defender, y hacerlo legalmente, su elección como rector. No así Munera, quien a juzgar por los hechos, movido por la ambición y la politiquería, llega al cargo de manera irregular, sin mayor legitimidad ni credibilidad. Con qué cara podrá pedirles a los vicerrectores, decanos, profesores y estudiantes que cumplan la ley y los estatutos, cuando ha sido parte y beneficiado de semejante treta. ¿Qué ejemplo les dará?

Por primera vez un Presidente interviene en la designación de un rector, transgrediendo la ley, dictando decretos espurios y amañando una elección. Lo más desconcertante es que lo hizo en complicidad de quienes, como el exrector Víctor Moncayo, rasgaban sus vestiduras por la autonomía universitaria. Sobre la ministra Vergara, me resisto a creer que comparte dicho proceder y que en su ética cabe semejante fechoría, pero es igual de responsable.

La Universidad Nacional ha sido una de la más importante del país, referente de libertad de cátedra y expresión, paradigma en calidad e investigación. Por eso duele lo que está ocurriendo, y debe ser especialmente desolador para quienes han dedicado su vida a la institución. Una universidad es universidad en cuanto se comporta como tal, si pasa a ser un feudo, pierde su esencia. A Gustavo Petro le gusta la educación estatal porque se le facilita controlarla. La toma de la Nacional es un primer paso. Va por las 31 restantes.