Sin inmunidad penal

Personalidades políticas de alto nivel en diferentes partes del mundo están experimentando el poder de los jueces con respecto a sus comportamientos relacionados con los dineros públicos.

Donald Trump se sometió a un proceso relacionado con una serie de delitos, 34 si no recuerdo mal, que tenían que ver con las estrategias de encubrimiento de lo que fue el pago que se le hizo a una mujer que prestó servicios sexuales en algún momento de su vida a Trump. Esos pagos se disfrazaron de diferentes maneras y dieron lugar a un juicio penal que fue el que estuvo a cargo del juez nacido en Colombia, Merchan, y que, durante la campaña presidencial dio lugar a que el jurado confirmara 34 veces que Donald Trump era culpable de cada una de esas imputaciones.

El juez Merchan calificó como criminales las conductas de Trump, pero sin condenarlo a ninguna forma de prisión y ni a una multa. Pero sí dictó la sentencia que dejaba a Trump como un “convicto” y que tenía como efecto que fuera el primero con esa característica elegido como presidente de los Estados Unidos.

Aquí se olvida que el presidente Petro envió una felicitación al juez Merchan por su sentencia, destacando su condición de colombiano y bogotano de nacimiento. Uno de los factores que debió contar para ese día negro del 26 de enero de 2025 y que seguramente contará en futuras decisiones del presidente Trump sobre Colombia.

En estos días la dirigente política de Francia Marie Le Pen, dirigente de un partido de derecha, quien según las encuestas estaba muy bien posicionada para ganar la presidencia de Francia en la elección del 2027, sufrió una fuerte condena por malversación de fondos, o sea, por utilizar fondos de la Unión Europea en la cual era, también, parlamentaria, para financiar personas de su guardia personal o de otros oficios en una desviación de la de destinación de esos recursos.

Al parecer el juez demostró en muchas páginas la participación central de esta dirigente política en el manejo de más de cuatro millones de euros y, en consecuencia, la condena a cuatro años de prisión, dos en suspenso y dos con la pulsera electrónica y a cinco años de inhabilidad política, o sea, de la imposibilidad de ocupar puestos públicos.

Ello ha producido una especie de tsunami político en Francia y son múltiples las expresiones de diferentes dirigentes políticos que rechazan este poder de los jueces porque consideran que no es admisible que un dirigente político vea interrumpida o frustrada su carrera política por razón de una decisión de un juez.

Lo que está en juego es el precepto sagrado de que la ley es igual para todos. Que la condición de presidente, expresidente, alto dirigente político, miembro del congreso, ministro, gobernador o alcalde, etc., no da lugar a un tratamiento especial en el sentido de implicar una mayor favorabilidad porque todos somos iguales ante la ley.

Y ahí es, entonces, donde el poder judicial está enfrentando una situación amenazante por parte del poder político que no acepta esta situación. Lo que está en juego es la propia vigencia del Estado de Derecho en una democracia. ¿Acaso se ha tomado como un postulado verdadero que ‘la justicia es para los de ruana’?