Once veces impune

Sandra Julieth Zuluaga tenía 28 años. Era agrónoma. Trabajaba dando apoyo a los agricultores en las fincas del Valle. Su historia debería haber sido otra: una mujer joven construyendo país desde el campo, precisamente en este, que tanto lo necesita. Pero el 19 de diciembre de 2022, un trabajador de una finca que visitaba, la asesinó. Fue capturado. Y, desde entonces, el proceso judicial lleva once aplazamientos. Sí, así como lo leen: ONCE. Hoy, el proceso está al borde del vencimiento de términos: si no hay condena antes del 28 de mayo, el agresor podrá seguir haciendo de las suyas, como si nada.

Mientras la familia de Sandra espera justicia, él solo espera no rendirle cuentas a nadie. Su muerte también nos sacudió a todas las mujeres que, como ella, trabajamos en esta agroindustria.

En Colombia, matar a una mujer casi nunca tiene consecuencias. El feminicida juega con los tiempos del sistema: abogados que se enferman, audiencias que se suspenden, tecnicismos -o mejor, leguleyadas-, que se imponen sobre la verdad. Todo mientras la familia revive y sufre, una y otra vez, la escena del crimen cada vez que el Estado, cómodamente, decide mirar hacia otro lado.

Y es aquí donde los contrastes golpean fuerte: En Italia, este año, se aprobó una ley que castiga con cadena perpetua a los feminicidas. En Argentina, el Código Penal contempla prisión perpetua para quien asesine, entre otros casos, “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. En México, la pena por feminicidio oscila entre 40 y 60 años de prisión, aunque en varios Estados ya se ha establecido la prisión vitalicia. En Colombia, a pesar de que el feminicidio fue tipificado en 2015 con la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761), lo cierto es que el promedio de condena es de apenas 27 años… si es que se logra una condena. Porque muchas veces, ni eso.

Precisamente en el 2024, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas: entre enero y octubre de ese año, se presentaron en total 745 feminicidios en el país. De ellos, 44 fueron en contra de niñas.

Aquí a las víctimas se les exige templanza, pruebas, coherencia y, por supuesto, aguante, porque como suele decirse: ‘la justicia cojea, pero llega’. En cambio, a los victimarios se les permite todo: aplazar, mentir, evadir y… florecer en cinismo. En nuestro país, los asesinos de mujeres tienen derecho al olvido, y las mujeres asesinadas tienen derecho… a ser recordadas.

Sandra Julieth no murió solo a manos de su agresor. Murió por cada funcionario que dilató, por cada institución que falló, por cada cultura machista, indolente y misógina que aún justifica, y si Colombia quiere mirar de frente a sus hijas, a sus mujeres, a sus ciudadanas, debe empezar por mirarse por dentro. Porque hoy por hoy, en este país, matar a una mujer, literalmente, no cuesta nada.

En Colombia, la impunidad no puede ser cómplice del feminicidio. El reciente fallo contra el feminicida de Sofía Delgado, la niña oriunda de Candelaria, que fue condenado a 58 años de prisión, es una señal de que la Justicia sí puede ser ejemplar. Esa misma contundencia, debería aplicarse en todos los casos. Incluido el de Sandra.

Ya basta de marchas, de días conmemorativos, de cuotas de participación. Eso es insuficiente. Aquí necesitamos jueces valientes, fiscales que no se cansen, legisladores que se concentren y que no se distraigan, y, sobre todo, una ciudadanía que no normalice, que no naturalice. Que no diga más ‘es que eso pasa todos los días’. Porque sí, pasa todos los días, pero no debería pasar ni un día más. Como tampoco debería suceder que se venzan los términos para condenar al asesino de Sandra Julieth Zuluaga.