La estatización de la salud

El gobierno de Petro quiere estatizar a toda costa el sistema de salud, y para ello se propuso asfixiar financieramente a las empresas del sector privado que participaban de manera importante en la prestación de los servicios de salud a través de las EPS, las IPS y las gestoras de medicamentos.

La crisis del sistema de salud provocada por el Gobierno pone en peligro de muerte a miles de colombianos. Petro es indolente ante esta situación. Lo único que le interesa es estatizar totalmente el sistema. La forma como está jugando deliberadamente el gobierno con la salud de los colombianos es irresponsable y criminal.

La salud de los colombianos no merece ni dilaciones para lo urgente ni modelos inviables para el futuro. Para ello, el Ejecutivo debe cumplir los fallos de la Corte Constitucional de forma inmediata con el fin de aliviar el deterioro de la prestación de los servicios para millones de usuarios.

Los pasos dados por la vía administrativa hacia el modelo deseado por este Gobierno a través de la intervención de las EPS, antes que mejoras en el servicio, han agravado aún más la crisis.

Esta situación no es espontánea, sino la culminación de una estrategia deliberada del Gobierno para desmantelar el modelo vigente y sustituirlo por un sistema estatal ineficaz.

Todo obedece a un plan perfectamente diseñado y ejecutado para destruir el sistema de salud existente y dar paso a la estatización total de la salud en el país y la puesta del sistema y sus recursos al servicio del Pacto Histórico.

El resultado de esta estrategia es predecible: un sistema de salud estatizado, burocratizado e ineficiente donde los pacientes serán víctimas de la politiquería. La salud dejará de ser un derecho para convertirse en un favor del Estado. Acabaremos en un sistema fallido, diseñado para el control político y no para la atención de los colombianos.

El colapso del sistema de salud ya es palpable. Por el no pago de las deudas por el Gobierno, el deterioro financiero del sistema es descomunal.

Todo obedece a un plan orquestado con las aseguradoras intervenidas que no pagan a clínicas e instituciones prestadoras de salud, las que han quebrado. El Ejecutivo ha optado por intervenir las EPS y generar una crisis que le sirve de pretexto para imponer su modelo.

De otra parte, la crisis de medicamentos tiene en vilo a miles de usuarios del servicio de salud. La preocupación de la gente es razonable. No solo el bienestar de muchos se encuentra en la incertidumbre, sino la propia vida de aquellos aquejados por las enfermedades más graves.

Para solucionar la situación angustiante de los pacientes, el Gobierno debe enfocarse en lo urgente porque hay vidas de por medio. Eso implica girar sin dilaciones todos los recursos que le ordenó la Corte Constitucional, no demorar más el ajuste de la UPC y revisar las falencias que existen en las EPS intervenidas.

Existe igualmente alarma por el cierre masivo de servicios médicos en el país. Más de 19.000 cerraron en Colombia en el último año. Una señal del colapso progresivo del sistema. Mientras las deudas crecen, miles de pacientes ya enfrentan limitaciones para acceder a una atención médica.

Sin una acción inmediata del Gobierno, los cierres seguirán aumentando en el territorio nacional. Un sistema que fue orgullo de Colombia y ejemplo para muchos países, es lo que ahora están destruyendo.