La condena es solo el principio

El Gobierno colombiano ha desplegado una agenda que no pretende fortalecer la democracia, sino reemplazarla por una lógica de confrontación permanente, típica del populismo autoritario. En esta nueva fase, donde intenta posicionar la narrativa de la reelección, la instrumentalización del enemigo político adquiere un papel central. De este modo, Álvaro Uribe se convierte en el trofeo simbólico cuya condena resulta funcional para abrir un nuevo círculo narrativo donde toda crítica queda automáticamente asociada a un condenado, deslegitimando su participación en el debate público y en el acceso al poder. Esta estrategia sigue la tesis de Ernesto Laclau y la lógica política de Carl Schmitt.

En ‘La razón populista’ (2005), Laclau concibe el populismo como vía para canalizar demandas sociales que las instituciones tradicionales no han resuelto. El clamor justificado ‘del pueblo’ es articulado por un líder, en este caso, Petro. Esta lógica mesiánica exige un antagonista moral —‘la casta’, ‘la oligarquía’, ‘los de siempre’— señalado como aquel que bloquea las demandas del pueblo, y esa figura es Álvaro Uribe.

El lenguaje del fallo lo confirma al invocar el ‘daño al bien jurídico de la justicia’, la necesidad de evitar una ‘percepción de impunidad’ y la ‘restauración de la fe pública’. Estas expresiones trascienden lo jurídico y alcanzan lo simbólico, convirtiendo la sentencia en un acto ejemplarizante que deja claro que las cuentas con el pasado siguen abiertas y que la versión actual de justicia seguirá juzgando a los antagonistas morales.

Es en este punto donde el proyecto político de Petro, y por separado el de algunos miembros de su gabinete, se alinea sigilosamente con los principios expuestos por Carl Schmitt, teórico clave del autoritarismo moderno. En ‘El concepto de lo político’ (1932), Schmitt sostiene que la soberanía radica en la facultad de suspender las normas para preservar el poder frente a aquellos que —según el relato populista— obstaculizan la realización de demandas históricamente insatisfechas.

Así, la oposición deja de ser interlocutora legítima en el disenso democrático para convertirse en un antagonista moral, indigno del debate y deslegitimado por su asociación con las ideas de un convicto. De esa manera, se justifica excluirlos del acceso al poder, incluso a través de medidas irregulares, pero válidas desde una supuesta superioridad moral.

La condena del expresidente Uribe es solo el principio. Para el Gobierno hay una larga lista de antagonistas morales que incluye líderes políticos, gobernantes locales de oposición, voces críticas de la sociedad civil y, finalmente, los medios de comunicación y los sectores empresariales no alineados.

Ante este sombrío escenario, no basta con apelaciones abstractas a la institucionalidad ni con intentar formar una mayoría electoral. Se requiere una sociedad cohesionada que no admita el silencio, la neutralidad ni la delegación de responsabilidades frente a lo evidente.

Esto debe plasmarse en un trabajo articulado a nivel nacional e internacional, comenzando por la protección anticipada de la prensa, que no solo es fuente de información, sino que representa la última línea de defensa frente a un proyecto que busca operar sin escrutinio para perpetuarse en el poder.