Detrás de cada homicidio, robo y extorsión hay un rostro, una madre, un hermano, un familiar. Medir esta realidad exige rigor, no solamente opiniones —menos aún las teñidas de sesgo político que exigen renuncias—.

Hasta septiembre de 2025 y frente al mismo período de 2024, Cali redujo los delitos totales de 43.267 a 40.730, una baja del 5,9 %. Los hurtos cayeron un 6,8 %, las extorsiones disminuyeron 13,5 % y las lesiones personales un 16,8 %. Sin embargo, Cali registra 746 homicidios, un aumento del 8,9 %.

Las comunas 8 (Municipal – La Base) y 18 (Meléndez – Buenos Aires) registran los mayores incrementos absolutos con +27 homicidios cada una frente a 2024. Les siguen la Comuna 19 (San Fernando – El Lido) y la Comuna 10 (El Guabal – Santa Elena), ambas con aumentos de +10 a +11 casos. En contraste, las comunas 22 (Ciudad Jardín – Pance) y 2 (La Flora – Chipichape) presentan reducciones destacables, de −14 y −4 casos, respectivamente.

Pese a las variaciones por comuna, la tasa de homicidios de Cali (26,1 por cada 100.000 habitantes) se sitúa apenas por encima del promedio nacional (25,0) y en proporciones semejantes a las de Medellín (24,1), confirmando una tendencia de riesgo urbano consolidado a nivel nacional.

Bajo este parámetro poblacional, la Comuna 3 (San Pascual – El Calvario – Sucre) registra 65,0 homicidios por 100.000 habitantes, seguida de la Comuna 18 (Meléndez – Buenos Aires) con 62,0, y la Comuna 15 (Ciudad Córdoba – El Vallado) con 60,8. Las tasas de las comunas 14 (Marroquín-Bonilla Aragón, 51,5) y 20 (Siloé-Belén, 45,7) corresponden a zonas donde la violencia urbana se mantiene como un fenómeno persistente asociado al microtráfico, disputas territoriales y la presencia de cédulas urbanas narcoterroristas. Las comunas 8 (La Base – Municipal) y 21 (Desepaz – Potrero Grande) presentan tasas cercanas a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, reflejando la persistencia de la inseguridad en los sectores del oriente y suroriente.

El balance de inseguridad debe leerse desde las siguientes perspectivas. La capacidad institucional: Cali cuenta con aproximadamente 6.500 policías, frente a 8.700 en Medellín. La inversión social: las zonas más violentas concentran una mayor presencia de ONG y programas filantrópicos que, aunque bien intencionados, muchas veces carecen de métricas verificables o de una coordinación efectiva. Sin una estrategia clara, la filantropía puede derivar en asistencialismo, y el asistencialismo, con el tiempo, en clientelismo electoral. Finalmente, no basta con contar delitos, es preciso comprender su peso socioeconómico.

Así surge el Índice de Riesgo de Conflicto (CRI), alineado con la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS). Este método pondera los delitos según su impacto en la legislación penal colombiana: un homicidio equivale a 1,0; una agresión sexual, 0,85; una extorsión, 0,73; mientras que hurtos y estafas pesan entre 0,35 y 0,25. Con datos parciales, el CRI total de Cali bajó −5,5 % pero está afectado por el aumento de violencia intrafamiliar, hurtos al comercio y delitos informáticos.

Aunque alentador, el panorama de Cali sigue incompleto e impreciso. En 2025 se han reportado 549 desaparecidos, incluyendo 189 mujeres y 158 menores de edad. De ellas, 240 fueron halladas con vida y 30 sin vida. Pero aún se desconoce el paradero de cerca de 230 personas, cifra altísima que junto a las muertes no documentadas por sobredosis de drogas puede modificar sustancialmente los índices de inseguridad.

Medir la inseguridad es un deber hacia la verdad, la toma de decisiones y la emisión de opiniones basadas en la evidencia.