¿Instrumentalización?

El derecho, tanto en su dimensión teórica como en su aplicación práctica, ha sufrido una enorme evolución de la cual no siempre estamos bien conscientes. Hay aspectos del derecho que están globalizados, principalmente los que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa y protección de los derechos humanos o con la protección del medio ambiente. El Consejo de Seguridad, después de los terribles hechos del 11 de septiembre de 2001, aprobó una resolución que, en concordancia con el capítulo séptimo de la carta de las Naciones Unidas, considera de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la organización. Era la legislación que tenía que ver con la lucha contra el terrorismo.

Traigo a cuento, en forma muy pasajera, esta evolución del derecho para poner en perspectiva la declaración del Secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, su Ministro de Relaciones Exteriores, sobre la naturaleza del juicio que derivó en una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya una subcomisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos había hecho consideraciones sobre la marcha del proceso, sobre el respeto de los derechos humanos y de las garantías que universalmente se consideran necesarias en un proceso de esta naturaleza, y había también declaraciones en tonos muy diversos de miembros del Congreso de ese país, sobre el mismo tema.

Así, pues, no me sorprendió la sencilla y contundente declaración del Secretario de Estado. La traducción dijo que el juicio al expresidente Uribe era una “instrumentalización del Poder Judicial” colombiano, por parte de jueces radicales, y concluyó con esta advertencia: “Ha sentado un precedente preocupante”.

Tengo la manía de comparar las traducciones con los textos originales. En inglés, el texto trae el concepto ‘weaponization’. Como toda palabra, su significado varía según el contexto y admite varios significados similares. Sin pretender interpretar al Secretario de Estado, creo que la traducción correcta es la de ‘utilizar como un arma el Poder Judicial’ y no la de la instrumentalización del Poder Judicial.

Algunos podrían decirme que es lo mismo, pero creo que hay una diferencia sustantiva. Lo que se está diciendo es que se está utilizando el Poder Judicial, como un arma de guerra. No es cualquier afirmación. Va mucho más allá de la simple instrumentalización. No es cualquier instrumento. Es un instrumento de combate, de confrontación, de lucha, y se ha venido predicando así en otras circunstancias para referirse, por ejemplo, quién lo creyera, a los pasaportes.

En algún momento, después de la brutal destrucción de las Torres Gemelas, se sostuvo que los pasaportes se estaban convirtiendo en algunos casos en armas de destrucción masiva. Era la ‘weaponization’ de los pasaportes. El concepto se usa con bastante frecuencia ahora.

Entonces se entiende mejor la conclusión. Sí, un preocupante precedente. Fatal, terrible, porque es la deformación del verdadero sentido de la administración de justicia. Y si se entiende así, pues claro que es preocupante precedente.

Es que la imparcialidad de la justicia, principio clave de un sistema democrático, significa que ella no puede estar al servicio de ninguna causa política, de ningún sectarismo, de ninguna actitud militante que ponga en duda la confianza que todos debemos tener hacia la administración de justicia, y el acatamiento que todos debemos a sus decisiones.

El secretario Rubio, por eso, quizás, precisa que jueces radicales generan esa deformación del Poder Judicial. De ninguna manera pone en duda la independencia de la Rama Judicial. Las instancias judiciales superiores son la garantía para el propio juez, en este caso una mujer con respecto a su imparcialidad y al acierto de su decisión, en el evento de ser confirmada.

Este tipo de situaciones son las que ofrecen una oportunidad para exaltar la independencia del Poder Judicial. Otro tema es el de la imparcialidad de los jueces o el de su debida formación. Colombia ha logrado un sistema judicial que tiene una composición que lo protege de las interferencias partidistas o sectarias.