¿Hasta cuándo?

Con machetes y palos se tomaron la Universidad Nacional en Bogotá, impidiéndole al Rector ingresar y a miles de estudiantes asistir a clase. Dicen que eran cerca de 20.000, provenientes de distintas regiones, pero en especial del norte del Cauca, para participar en la marcha de apoyo al Gobierno, al tiempo en que demandan de este el cumplimiento de promesas económicas y la ‘reivindicación de derechos’ que se remontan a la Conquista.

Hace un mes irrumpieron de manera violenta en las instalaciones de Rubiales y Caño Sur, dos de los campos petroleros más importantes de Ecopetrol en el Meta, exigiendo cerrar los pozos, obligando a los operarios a apagar abruptamente equipos de alta presión, forzando a la empresa a dejar de producir 80.000 barriles y a cancelar más de 2.000 contratos de trabajo, en demanda por más plata de las empresas y ‘tierras ancestrales’.

Por esa misma época le tocó el turno de nuevo a la vía Panamericana, aislando al Cauca y a Nariño, afectando el suministro de alimentos y medicinas del sur del país, impactando al comercio, la industria, el agro y el turismo. Todos los años es lo mismo en víspera de Semana Santa, aprovechando la visita de miles de feligreses, perpetuando una práctica ilegal, condenando al sur del país a un ostracismo y subdesarrollo en el que ellos lo sumieron.

El año pasado, y para no perder la costumbre, invadieron de nuevo fincas en el Valle y norte del Cauca, arrasando hectáreas de plantación forestal y demarcando el territorio con postes, en confrontación incluso con comunidades afro de la zona que reclaman su derecho al trabajo. Casi veinte años en las mismas, ‘liberando tierras’ que a su juicio les pertenecen y que dicen fueron apropiadas indebidamente por terratenientes exclavistas blancos.

Cómo olvidar las tomas frecuentes del Parque Nacional en Bogotá. La última vez ahí se quedaron un año. Lo cercaron, levantaron carpas, improvisaron letrinas y estufas de leña, e impidieron el ingreso de ciudadanos a un espacio por ley de carácter público. Más de dos mil acamparon felices a sus anchas a la espera de reunirse con el Presidente, hasta ser convencidos, seguramente con ‘un algo’, de retornar a sus comunidades de origen.

Qué decir del caso del sargento Rodrigo García, arrojado al piso, arrastrado, escupido, y golpeado, en el norte del Cauca en el 2012. Son tantos los secuestros y el ultraje a soldados y policías que se pierde la cuenta. Unos datos recientes para refrescar la memoria: 17 uniformados ‘retenidos’ en el Cauca en abril de 2023; 98 en Guaviare en agosto de 2024; y 10 en Chocó en noviembre del año pasado. La lista es tan larga como la humillación.

Representan el 3,4 % de la población y poseen ya el 30 % del territorio nacional. Reciben 450 mil millones de pesos al año de manera directa, entre otras asignaciones de ley. A lo que se suman 172 contratos por $726 mil millones solo en este Gobierno, sin contar los recursos que les da la Nación para sus grupos de seguridad privada y los ingresos provenientes de consultas previas, muchas prostituidas y que se reproduce como cuyes.

No pagan impuestos, pero viven de los que pagamos el resto de los mortales, tienen su propio sistema de justicia, no van a la cárcel ni responden pecuniariamente por nada, y cuentan con un régimen electoral especial que les garantiza curules en el Congreso. No les va nada mal, al menos a los jefes que no perdonan no andar en camionetas 4X4. Sin embargo, secuestran, invaden, bloquean, expropian y extorsionan, impunemente, con la complicidad miedosa de todos los gobiernos y las entidades del Estado. ¿Hasta cuándo?