‘Fito’, Petro y la Manta del crimen

Lo que inició como una crisis de seguridad en Ecuador -tras el asesinato de Fernando Villavicencio a manos de sicarios reclutados en Cali y la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito- pronto desbordó sus fronteras. Su impacto cruzó la línea limítrofe y reveló algo aún más inquietante: el suroccidente colombiano se perfila como extensión operativa del crimen organizado ecuatoriano.

La señal más clara es el Plan Fénix: una estrategia estatal que reconoce la magnitud del problema e incluye una lista de objetivos militares con nombre propio.

En el nivel más alto del Plan Fénix figura Geovany Andrés Rojas, alias Araña. Ascendió en las filas del crimen hasta convertirse en jefe de los Comandos de la Frontera, un grupo narcoterrorista con presencia consolidada en el corredor Putumayo-Nariño-Sucumbíos y operaciones delictivas en el norte del Valle del Cauca. Ese eje geográfico clave para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando transfronterizo.

Alias Araña fue capturado en Bogotá el 12 de febrero de 2025, en pleno proceso de negociación de Paz Total, a pesar de tener vigente una circular roja de Interpol emitida por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Aún permanece en territorio nacional, bajo una aparente protección institucional que nadie ha desmentido.

En el segundo nivel aparece Enrique Portocarrero Castillo, alias Chugo Porto, operador financiero de Los Choneros, con nexos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Desde Ecuador y España, su logística criminal se extendía al Valle del Cauca. En marzo de 2024, fue capturado en Cali su operador clave, Segundo Guerrero Banguera, alias Alejandro, quien coordinaba rutas y distribución de cocaína.

En el tercer nivel aparece Antonio Camacho Pacheco, alias Ben 10, asesinado en Cali en diciembre de 2024. Su papel como mando de los Chone Killers lo convertía en pieza crítica de corredores del narcotráfico. Vivía en la ciudad bajo una identidad falsa. Su ejecución confirmó la presencia operativa de estructuras criminales ecuatorianas en Cali.

Y luego está ‘Fito’. Según medios ecuatorianos y fuentes cercanas al proceso, en mayo de 2025 habría ingresado a Colombia para sostener diálogos secretos con expertos en negociación judicial. Entre ellos, figuraba un abogado con presuntos vínculos con el Cartel del Norte del Valle.

Un mes después, ‘Fito’ envió una carta a la Embajada de Colombia en Quito. Lo inquietante no fue el contenido, sino la destinataria: la actual embajadora y exgobernadora de Nariño, una región clave en el corredor donde ‘Araña’ consolidó su red criminal. Una funcionaria con conocimiento directo del entramado criminal que opera en esa frontera porosa.

Pocos días antes del envío de la carta, el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta, en una visita sin agenda pública ni justificación diplomática. Fue una aparición que intentó pasar como desaparición, pero terminó sembrando suspicacias. Frente a ellas, el Gobierno colombiano ha optado por evasivas que omiten un hecho crucial: el grupo que lideraba ‘Fito’ está clasificado como organización terrorista.

Lo que está en juego no es solo la soberanía de un país vecino, sino el umbral de injerencia y permisividad que Colombia está dispuesta a tolerar.