En el nombre de ‘el pueblo’

El hundimiento de la consulta popular en el Senado, por la escasa diferencia de dos votos, ha llevado al Gobierno Nacional a responder desde el más radical y agresivo de todos los caminos posibles. Todo indica que los meses restantes hasta las elecciones de 2026 estarán definidos por un creciente desgaste y una división entre la ciudadanía fomentada de manera directa por la administración nacional.

En una de sus posturas más abiertamente desafiantes de la institucionalidad democrática, el presidente Petro ha dicho que el Congreso, elegido por 18 millones de colombianos, “no es legítimo” y que existe una “ruptura” con esa institución. Y siguiendo el argumento de la ilegitimidad parlamentaria, propio de los más incendiarios dirigentes, insiste en que escuchará a “el pueblo” en figuras que ha llamado cabildos populares y asambleas de barrios convocadas por el gobierno, y que según las votaciones de esos encuentros tomará una decisión sobre el rumbo por el cual debe avanzar el país.

El Presidente ha presentado en sus redes sociales estos encuentros con sus simpatizantes bajo el nombre de cabildos abiertos, una figura de participación directa de la ciudadanía consagrada por la Constitución, pero no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Algo así había ocurrido el año pasado, cuando Petro habló de convocar una constituyente y, sin temor alguno, manifestó que buscaría saltarse los requisitos legales para conformar esa asamblea.

Los cabildos abiertos, así la narrativa engañosa del Gobierno no lo reconozca, deben cumplir una serie de requisitos para ser convocados y celebrados. En ellos deben participar las autoridades a nivel de comunas, municipios o departamentos, como los alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas. Al respecto, desconoce algo fundamental el Presidente, que pide a sus ‘cabildos populares’ votar para tomar decisiones: que los cabildos abiertos a los que hace alusión, aunque no cumplen con los requisitos para ser considerados dentro de esa figura, tienen la facultad constitucional de deliberar y dar voz a la ciudadanía, pero no de llegar a veredictos ni a decisiones finales, a diferencia de otros mecanismos de participación.

Por supuesto, eso poco le importa al Gobierno en su decisión equivocada y cargada de riesgos de dar una batalla con sus contrapesos institucionales. El escenario es temible porque constituye una ruptura con un elemento clave del espíritu de las democracias: con estos encuentros convocados por el propio gobierno y compuestos en su inmensa mayoría por simpatizantes y militantes del petrismo, el Presidente busca imponer que la mirada ahí plasmada sí representa la de ‘el pueblo’, lo que lo legitima para desconocer la voluntad de un Congreso elegido por 18 millones de ciudadanos.

Por supuesto que la ciudadanía está en todo su derecho a encontrarse en escenarios públicos para manifestar su voluntad política y protestar por las decisiones de una institución. Los demócratas debemos reconocer que los espacios que fomentan la participación ciudadana enriquecen el debate público, incluso cuando estamos en desacuerdo con las causas expresadas en alguno de esos encuentros. Lo que no podemos permitir es la posición preocupantemente autoritaria del Gobierno, de tomar las opiniones de grupos de simpatizantes del presidente como si fueran una voz unánime del pueblo para desconocer toda la diversidad política y la institucionalidad de la toma de decisiones e imponerla como verdad única. Cuando los gobernantes buscan la unanimidad, la democracia es la gran derrotada.