El futuro también se hereda

En Colombia, el futuro ya camina descalzo por las veredas del litoral Pacífico, asiste a aulas improvisadas en La Guajira y resiste en cientos de territorios donde la infancia y la juventud predominan, mientras el Estado sigue llegando tarde o mal. Esa mayoría joven no debería ser vista como amenaza, sino como una ventaja comparativa. Pero solo lo será si se comprende, se planifica y se gobierna con rigor.

Esta omisión tiene efectos concretos, como la llamada ‘carga demográfica’ o presión que ejercen niños y adultos mayores sobre la población en edad de trabajar. En regiones como Chocó, La Guajira o Guainía -de alta presencia indígena o afrodescendiente-, donde más del 40 % de los habitantes tiene menos de 20 años, esta situación coarta el crecimiento económico, reduce la capacidad fiscal y sobrecarga los servicios sociales.

El patrón se repite en zonas rurales del Huila y el Magdalena Medio, lo que confirma que la carga demográfica no obedece solo a factores étnicos, sino a desigualdades estructurales persistentes. El aumento de jóvenes que ni estudian ni trabajan evidencia la incapacidad de transformar esa población en fuerza productiva. Este desequilibrio presiona los servicios públicos y debilita la base tributaria, aunque también puede ser una oportunidad si se invierte a tiempo en desarrollo humano y cohesión social.

Esta realidad exige transformaciones de fondo, comenzando por planificar con enfoque de ciclo vital. Ninguna política pública es eficaz si ignora la estructura y dinámica demográfica. Aunque muchos planes mencionan pirámides poblacionales o brechas de género y etnia, esa información rara vez orienta decisiones reales. Su lectura es superficial y su uso, meramente retórico.

En segundo lugar, es indispensable invertir con criterio diferencial. No puede aplicarse el mismo modelo a una ciudad que envejece y a un municipio con alta fecundidad. Aunque esta diferencia se reconoce en el discurso, por ignorancia o falta de voluntad política, rara vez se refleja en presupuestos, prioridades o diseños institucionales ajustados.

Tercero, urge fortalecer las capacidades locales. Tal vez sea necesario tutelar y condicionar ciertas decisiones de alcaldes y gobernadores en regiones marginadas. Más allá del accionar delictual, la descentralización transfirió recursos, pero no capacidades, y la autonomía territorial funciona sin respaldo real. Por eso, como he planteado en distintos espacios, es clave explorar inmediatamente esquemas alternativos, como zonas especiales de desarrollo o modelos de cogobernanza con apoyo técnico internacional.

No se trata de reemplazar al Estado, sino de establecer marcos con reglas claras y soporte técnico que activen el inmenso potencial de las periferias. Lejos de ellas, en algunos municipios, la planificación basada en datos y la articulación entre actores públicos, comunitarios y privados han ampliado el acceso a servicios y generado medios de vida sostenibles. Aunque son casos escasos y poco documentados, demuestran que una planificación informada puede dar resultados.

Lo grave es que, desde el nivel nacional, volvemos a perder cuatro años. Y para rematar, el cierre llega con tintes autoritarios. Aunque habló de justicia social, el gobierno Petro no construyó una agenda real y de largo plazo para los territorios, justo donde más insistió. Quedará marcado no solo por el desorden, su inaudita improvisación y falta de rumbo, sino por desperdiciar una oportunidad histórica de convertir la presión demográfica en fuerza de transformación.

Al final, el futuro también se hereda. No se promete, se construye. Y no desde los discursos, sino desde las decisiones. El cambio no está en los políticos, está en las personas. En quienes aún esperan condiciones para avanzar. Ignorarlo no es neutral, es perpetuar la exclusión y sellar el rezago.