El deterioro del orden público

Por el momento que vive Colombia en varios frentes, el Presidente tiene la obligación de corregir el rumbo, fortalecer la comunicación personal con sus ministros, dejar los insultos, abrir espacios de diálogo con diversos sectores nacionales y concentrarse en los grandes problemas del país, en lugar de profundizar la incertidumbre. Mantener el estilo de la confrontación, como ya se ha demostrado, no ha dado resultados. Solo así podrá mostrar logros en campos tan críticos como la seguridad, la salud, el sector energético, la educación y la economía.

Para esta recta final del Gobierno, más que palabras, se requieren hechos, y para ello es necesario el diálogo, la concertación sobre lo básico con otros sectores y ejecutar el presupuesto. Millones de colombianos, hoy en situaciones difíciles por la inseguridad y la extorsión de los grupos ilegales, esperan del gobierno del cambio, precisamente eso, un cambio de actitud.

Es urgente darle un giro a la manera de gobernar de Petro. El aislamiento y el levantar muros no trae nada bueno para el país. Hay que dejar de lado el radicalismo, no gobernar solo con los más cercanos. Que busque concretar logros a través de un trabajo conjunto con otras fuerzas políticas. Es bueno que haya otras voces distintas en el Gobierno, siempre y cuando exista la disposición del presidente de escucharlas.

Es evidente y preocupante la pérdida de la seguridad en los territorios y el deterioro del orden público. No es solo en el Catatumbo, también es grave la situación que se vive en otros diez puntos de la geografía colombiana. El departamento del Cauca figura en la lista con otras regiones en las que está latente el conflicto entre grupos armados por el control de las economías ilegales.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país debido al accionar de los grupos guerrilleros. Según la Defensoría, el 73 % de los municipios están bajo la influencia de grupos ilegales y al menos diez estructuras armadas están tras la ola de violencia que afecta sobre todo a once regiones del país.

Igualmente, según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación del país, el poder de los grupos armados siguió creciendo en las regiones debido a una sostenida expansión del accionar criminal en medio de la ‘paz total’ del gobierno del presidente Petro. El confinamiento y el desplazamiento forzado, manifiesta la ONU, afectaron en el 2024 a las comunidades en más de una decena de regiones.

Hay un cambio en la estrategia criminal de control de los grupos ilegales. Con acciones como los paros armados, principalmente del Eln, restringen la libertad de las comunidades. Es muy serio lo que ocurre en el Chocó. Es consecuencia del fortalecimiento de los grupos armados por cuenta de los errores del Gobierno en materia de seguridad y de la ventaja estratégica que los ilegales han sacado de las equivocaciones en la política de la ‘paz total’.

El Ejecutivo debe tener como objetivo el bienestar general de los colombianos, lo que es más prioritario que buscar cómo salvar responsabilidades individuales o, más irresponsable aún, cómo lograr, durante ya menos del año y medio que le resta, que quien lo suceda sea de la misma corriente política. El panorama es muy complejo tanto en lo nacional como en lo internacional, por consiguiente, los desafíos obligan a actuar de manera cerebral antes que visceral.