Alerta con el voto electrónico

El 8 de agosto de 2022 el registrador Vega, el entonces ministro del Interior Prada y el Consejo Nacional Electoral radicaron en el Congreso el proyecto de reforma al Código Electoral respaldado por el presidente Petro. Es una iniciativa de amplio alcance a la que faltan dos debates y preocupa que va camino a ser aprobada sin suficiente discusión en la Cámara de Representantes, dado que por ser una ley estatutaria debe cumplir su trámite por tarde el 20 de junio.

El proyecto ha generado preocupaciones en la comunidad y legisladores por aspectos relativos a la identificación de las personas y la vigilancia electoral. Y uno de sus temas críticos es el voto electrónico, propuesta que debe examinarse con precaución pues, aunque plantea beneficios aparentes derivados de la agilidad para votar, el conteo, y la menor intervención humana en el proceso, genera también riesgos para la legitimidad de los comicios.

Desde los tiempos en que los ciudadanos marcaban sus votos en conchas o en trozos de cerámica hasta los sistemas de tarjetas que se depositan en urnas electorales, algunos principios de la votación han sido fundamentales en la democracia. En particular el anonimato del sentido del voto de cada ciudadano, la precisión del voto, la garantía de un voto por cada persona, la seguridad del sistema electoral y la prevención de la trampa.

Es preocupante que se proponga adoptar la votación electrónica -así sea combinada con comprobantes impresos de votación- sin tener respuestas a reparos de sectores académicos y políticos frente a un modelo que puede impactar en esos principios esenciales del derecho al voto, y que han surgido incluso en los pocos países donde se ha aplicado. A modo de ejemplo, el reto de preservar el secreto del sufragio es mayor en sistemas que mezclan la verificación de identidad del votante con la emisión de los votos; así como se vuelve difícil comprobar que el sentido del voto de un ciudadano en una pantalla sea el mismo que se transmite a la organización electoral. Hay inquietudes serias por la vulnerabilidad de fraude en un sistema controlado por círculos cerrados de personas e incomprensible para inexpertos en tecnologías. Si los fraudes en la votación con tarjetones requieren redes complejas de personas, en el mundo electrónico pueden darse con un ataque puntual de ciberdelincuentes en Internet o por actores corruptos que accedan a puntos clave del software o a plataformas de transmisión de datos. Igualmente, surgen dudas de cómo evitar la dependencia excesiva de la autoridad electoral con proveedores de la tecnología y del costo financiero para la actualización de equipos y sistemas electrónicos.

No se trata de desconocer los aportes de la tecnología informática en la vida social, económica e institucional, pero este tipo de dudas reflejan serias prevenciones éticas y técnicas, que deben ser resueltas antes de modificar sistemas vitales para la democracia.

El voto electrónico se ha usado con alcances y resultados desiguales en 34 países entre 178 reportados por el instituto para la democracia IDEA -con sede en Suecia-. Once países más, que incluyen a Alemania, Suiza, Noruega, Finlandia, Países Bajos e Irlanda, lo aplicaron y lo abandonaron por los riesgos para la confiabilidad y seguridad del voto. La reforma electoral debería atacar problemas crónicos de nuestro entorno, como la compra de votos, el trasteo de electores, las interferencias de grupos armados, la financiación ilícita, la debilidad en la vigilancia electoral, entre otros. Es claro que el sistema de papel no puede atajar el fraude en su totalidad; pero la legitimidad de las elecciones tampoco se garantiza con un modelo que hace más invisible el proceso electoral, y aumenta el riesgo de error y de interferencias externas en los pasos adicionales y complejos que se propone adoptar. Mientras el mundo no cuente con parámetros confiables sobre el voto electrónico, su adopción en nuestro país no es una decisión razonable ni justificada.