Juez prohíbe deportaciones a El Salvador tras la aplicación de ley utilizada por Trump

Una corte de apelaciones en Estados Unidos rechazó este miércoles un recurso presentado por el gobierno del presidente Donald Trump, que buscaba levantar una orden judicial que impide la deportación de migrantes en situación irregular.

La administración intentaba aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que solo había sido utilizada en conflictos como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces, mantiene la suspensión de las deportaciones con dos votos a favor y uno en contra, lo que supone un revés para la estrategia migratoria de Trump, caracterizada por medidas restrictivas.

¿Qué pasará con Trump?

El caso cobró mayor notoriedad luego de que, el pasado 15 de marzo, el gobierno estadounidense enviara dos aviones con migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, gestionada por la administración de Nayib Bukele.

La deportación masiva ocurrió después de que Washington declarara al grupo criminal Tren de Aragua como una “organización terrorista” global.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que vinculen a los deportados con esta organización delictiva.

Según los abogados de los migrantes afectados, muchos fueron seleccionados únicamente por tener tatuajes, sin que se les permitiera defenderse ante un tribunal ni presentar pruebas en su favor.

El fallo fue respaldado por las juezas Karen Henderson, designada por el expresidente George H. W. Bush, y Patricia Millett, nombrada por Barack Obama, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar un debido proceso antes de proceder con las deportaciones.

Por otro lado, el juez Justin Walker, designado por Trump, votó en contra, argumentando que la orden judicial interfiere con las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

En sus declaraciones, la magistrada Millett realizó una comparación contundente, señalando que incluso los nazis capturados durante la Segunda Guerra Mundial recibieron un trato más justo que los migrantes venezolanos deportados sin previo aviso ni audiencia.

Su declaración hace referencia al uso de una ley de guerra en un contexto migratorio, algo que organizaciones de derechos civiles han calificado como un abuso de poder.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, visitó la prisión en El Salvador, donde están recluidos los deportados.

Antes de su llegada, anunció que se reuniría con el presidente Bukele para explorar opciones que permitan aumentar el número de vuelos de deportación y fortalecer la cooperación en seguridad.

Opiniones divididas

Desde el ámbito legal, la decisión judicial ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Pues Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), celebró la suspensión de las deportaciones, argumentando que evita que personas sean enviadas a cárceles extranjeras sin las garantías procesales mínimas.

Por su parte, el juez James Boasberg, quien emitió la orden original de suspensión, ha reiterado la importancia de realizar audiencias individualizadas para evaluar cada caso antes de ejecutar una deportación.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha mantenido su postura, lo que ha generado preocupación entre expertos en derecho constitucional.

En lo que algunos analistas advierten que, si la Casa Blanca ignora la orden judicial, el país podría enfrentarse a una crisis institucional sin precedentes.