CIDH denuncia graves violaciones a los derechos humanos durante elecciones presidenciales de Venezuela en 2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, donde analiza, de acuerdo con la entidad: “la estrategia represiva”, implementada por el régimen venezolano para obstaculizar la participación política de la oposición y perpetuarse en el poder.

El documento expone cómo, durante el período preelectoral, “el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”. Además, el informe señala que el régimen detuvo arbitrariamente a opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, la CIDH denuncia que “el gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia. Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados”. Además, el escrito resalta que la oposición recolectó más del 80 % de las actas y asegura que Edmundo González Urrutia fue el ganador, con un 67 % de votos a favor.

Posterior a la jornada electoral, la represión se intensificó en respuesta a las protestas por presunto fraude. El informe revela que “alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque”. La denominada “Operación Tun Tun” dejó al menos “25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos”.

La comisión atribuye estas violaciones a la “cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad”. Además, la CIDH subraya que los hechos constituyen “una alteración del orden constitucional” y que “la reelección de Nicolás Maduro no goza de legitimidad democrática”.

Entre las recomendaciones, la CIDH insta al régimen venezolano a “cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar urgentemente a todas las personas detenidas arbitrariamente”. También llama a “restablecer el orden constitucional, reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos y permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional”.

Finalmente, la CIDH reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y llama a la comunidad internacional a “reconocer la grave crisis de derechos humanos, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”.