¿Qué hay detrás del presunto caso de abuso sexual en un jardín del ICBF?

El caso de Freddy Castellanos, profesor del Hogar Canadá, sede F, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, en la localidad de San Cristóbal, de Bogotá, quien fue acusado de abusar sexualmente a varios menores de edad en esa institución, ha conmocionado al país y dejado en evidencia la falta de control que permitió que esa situación ocurriera.

¿Cómo es contratado un abusador sexual en un jardín del Icbf?

No era la primera vez que Freddy Arley Castellanos Velasco trabajaba en una institución educativa de la capital del país. Ya lo había hecho en una Escuela de Danzas del Colegio Los Alpes durante siete meses, entre abril y noviembre de 2014, y también fue coordinador del Centro de Desarrollo Infantil de la Fundación Mil Semillas, en donde se habría desempeñado en áreas relacionadas con la nutrición y aspectos psicosociales.

Hasta el momento no existe información de que hechos similares a los presentados en el jardín infantil del Icbf hayan ocurrido en sus anteriores trabajos, pero, a medida que se ha ido develando su historia, han empezado a conocerse señales de peligro que hubieran podido detectarse antes.

Por ejemplo, en las redes sociales de Castellanos Velasco, incluso antes de llegar al jardín infantil del Bienestar Familiar, podían leerse mensajes sexuales explícitos.

Para la exdirectora de esa entidad gubernamental Cristina Plazas, este caso trágico evidencia que hace falta fortalecer la seguridad en todos los centros a cargo del Icbf y, sin duda, fortalecer las evaluaciones que se aplican a quienes van a tener a su cargo la responsabilidad de cuidar a los niños.

“Aunque Bienestar Familiar argumenta que no pueden instalarse cámaras en los cuartos por respeto a la intimidad, debe hacerse una ponderación de derechos: en contextos de riesgo, la seguridad de los niños está por encima. Debe haber cámaras en todos los espacios, incluso en los baños (sin enfocar duchas o sanitarios), para saber quién entra y sale. No es posible que una cuidadora esté en todas partes. Por eso debe haber personal monitoreando cámaras en tiempo real”, señaló la exfuncionaria.

Y agregó: “Todas las personas que accedan a cargos de cuidado infantil deberían presentar la prueba Cuida. No es suficiente, pero es un primer filtro. Además, Colombia debe desarrollar herramientas propias para detectar tendencias pedófilas o conductas de riesgo. No podemos seguir improvisando con la seguridad de los niños”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha anunciado algunas medidas que apuntan a esa misma dirección, como la activación de un protocolo para atención a víctimas de violencia sexual, la aplicación progresiva de pruebas de personalidad a los trabajadores y el fortalecimiento de control social, entre otras.

Sin embargo, el problema de la comisión de delitos contra la niñez en Colombia va más allá de las deficiencias en la contratación y seguridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues abarca problemas de fondo que están detrás de la violencia intrafamiliar y de género.

Según Plazas, el país necesita un plan nacional serio y urgente que involucre acciones como educación sexual integral desde la infancia, tolerancia cero a la impunidad y formación en crianza respetuosa y sin violencia, además de cambiar la cultura machista que impera en la sociedad.

“Hay que transformar las relaciones humanas: pasar del control y el poder, al respeto y el cuidado. Invito a la Defensora Nacional del Pueblo a convocar una gran mesa nacional, una mesa con la sociedad civil, las organizaciones sociales no gubernamentales, la academia, los alcaldes, los gobernadores y el Estado, y que no se levanten hasta que haya un plan serio, con metas claras, tiempos definidos y los recursos necesarios”, concluyó Cristina Plazas.

Así fue descubierto

Freddy Castellanos parecía ser solo un profesor más en el Hogar Infantil Canadá, pero sus comportamientos generaron que algunos menores, a pesar de su corta edad, mostraran señales que pusieron en alerta a sus padres.

Algunos de ellos simplemente dejaron de comer y se negaban a volver a ese lugar y mucho menos querían tener contacto con ese profesor.

Margie Espinel, una madre de 26 años de edad que vive en el barrio Buenos Aires, en la localidad de San Cristóbal Sur, de Bogotá, fue quien primero se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y su voz de alerta permitió que otros niños hablaran y de esa manera los abusos se detuvieran.

Se estima que doce menores entre los 2 y los 3 años de edad habrían sido abusados por Castellanos.

Espinel ha contado en diferentes medios de comunicación que su hija ingresó a ese jardín infantil en febrero pasado y que luego apareció el profesor acusado y empezaron los cambios en el estado de ánimo de la pequeña que la alertaron.

“La niña comenzó a hacer pataletas más intensas, me decía: ‘Mamá, jardín feo, jardín no, abuela sí’”, le dijo al periódico El Tiempo. Y aunque en un principio pensó que se trataba de una necedad, el 28 de abril, en medio de lágrimas le dijo que su profesor, haciéndose el que jugaba, le daba besos en la boca y que eso era muy incómodo para ella.

Además, le contó que también tocó sus partes íntimas. “Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija. La conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, le dijo a ese medio de comunicación.

Ante esas desgarradoras palabras, llamó a la Policía y la remitieron al Hospital San Blas para encender el Código Blanco, un protocolo que se activa en casos de abuso sexual, en el cual le confirmaron a la madre que la menor había sido víctima de abuso sexual.

Desde ese momento empezó la lucha para que se hiciera justicia, con el miedo de que más niños hubieran sido abusados. Al día siguiente la mamá se encontró con Castellanos, quien intentó huir, pero ella lo alcanzó. Le gritó violador, e incluso le pegó. Llegó la Policía y se lo llevó, pero, contrario a lo que esperaba, quedó libre inmediatamente, siguió dictando clase y el jardín lo encubrió.

“Me sorprendió que las directivas del jardín infantil fueran capaces de proveerle mis datos para que él me denunciara ante la Fiscalía General de la Nación. Salí a deber. Ellos, en vez de apoyarme en mi denuncia y tener en cuenta la posibilidad de otros casos, lo único que han hecho es facilitarle las cosas a este señor”, relató la mujer.

A la fecha, Castellanos ya fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales en menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

Los cargos no fueron aceptados y fue enviado a la cárcel. Según fuentes de la Fiscalía, hasta el momento hay tres denuncias formales en su contra y otros padres de ese jardín siguen haciéndoles exámenes a sus hijos.

De ser hallado culpable, Castellanos podría ser condenado a más de 50 años de prisión.