Procuraduría le solicitó al Ministerio de Minas los motivos de la inspección a EPM; esto se sabe

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado formal al Ministerio de Minas y Energía para que brinde explicaciones sobre la solicitud de inspección realizada a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Y es que este pronunciamiento se produce tras la falta de respuesta del Ministerio de Minas a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, quien exige conocer los detalles y la justificación técnica y jurídica de la intervención a la empresa pública.

Problemática por inspección a EPM

La solicitud de inspección a EPM se da en un momento crítico para la empresa, cuyo panorama financiero se ha visto cada vez más grave por una serie de decisiones judiciales.

El 10 de marzo, un fallo de un juez de la República ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional por una suma de $83.309 millones.

Lo anterior, como resultado de una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM.

Este embargo fue producto de retrasos en el pago de subsidios al servicio de energía por parte del Estado, lo que reflejó una situación financiera delicada para el conglomerado.

En respuesta a este embargo judicial, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, optaron por solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que llevara a cabo una inspección a EPM.

Según los fundamentos del Ministerio de Minas, esta medida se enmarca dentro de las competencias del Ministerio, que tiene la responsabilidad de formular y coordinar políticas públicas en el sector energético y de garantizar el adecuado funcionamiento de las entidades prestadoras de servicios públicos.

Ahora bien, el pasado 12 de marzo, el congresista Juan Espinal radicó un derecho de petición exigiendo al Ministerio de Minas que explicara los motivos y la legalidad de la solicitud de inspección.

Sin embargo, pese a que el plazo para la respuesta venció el 19 de marzo, el Ministerio de Minas no ha dado respuesta alguna a este requerimiento, lo que ha provocado la intervención de la Procuraduría.

La Procuraduría, al detectar la demora en la respuesta del Ministerio, intervino para que se esclarezcan los fundamentos técnicos y jurídicos detrás de esta medida.

De igual manera, la entidad, con su intervención, manifestó garantizar que las acciones del Estado se lleven a cabo bajo los principios de la normativa correspondiente.

Finalmente, a medida que los hechos se desarrollan, las entidades siguen a la espera de explicaciones claras sobre el curso de las decisiones tomadas y el impacto que estas podrían tener sobre la operación de EPM y su rol en la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad.