Procuraduría interviene en los cargos del general Huertas y Wilmar Mejía por supuesta infiltración de alias ‘Calarcá’; esto decidió

En medio de la investigación que está realizando la Procuraduría General de la Nación por los chats revelados por Noticias Caracol, que probarían la infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en altos niveles de entidades estatales como el Ejército, la Policía y agencias de inteligencia, la entidad tomó una crucial decisión.

El ente suspendió por tres meses prorrogables al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), por su aparente implicación en la filtración de información confidencial.

“Se había iniciado una averiguación inicial que hoy avanza hacia una suspensión provisional del señor Huertas y del señor Mejía, eso habida cuenta que ya se arrimaron al expediente inicial”, declaró el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y reveló Semana.

En una intervención anterior, Eljach calificó el escándalo como “de suma gravedad” y dio apertura a la investigación, la cual generó de manera preliminar la suspensión de Huertas y Mejía.

En el auto de suspensión se lee que ambos son retirados para evitar una posible influencia en la indagación disciplinaria.

Cabe recordar que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría abrió oficialmente una indagación preliminar contra el general Huertas y el funcionario Mejía el pasado 24 de noviembre con el objetivo de establecer si existieron faltas disciplinarias graves relacionadas con el suministro de información confidencial sobre operativos militares a grupos armados.

El ente de control ordenó la práctica de varias pruebas documentales y testimoniales para verificar los hechos revelados en un informe periodístico que puso al descubierto las supuestas comunicaciones directas.

Entre las primeras acciones decretadas, el Ministerio Público ofició a la Dirección de Personal del Ejército para recibir la hoja de vida del general Huertas con el fin de conocer sus funciones exactas y su historial dentro de la institución, al tiempo que solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia certificar la vinculación laboral de Wilmar Mejía y detallar sus responsabilidades específicas.

Todo el material probatorio surgió del análisis forense realizado a varios dispositivos electrónicos, incluidos computadores, celulares y memorias USB que fueron incautados por las autoridades el 23 de julio de 2024 en un puesto de control militar ubicado en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia.

En aquella fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) transportaba a siete cabecillas de las disidencias del Estado Mayor Central, entre ellos alias Ramiro, quienes portaban elementos que sugerían la comisión de delitos, pero que fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía debido a que tenían suspendidas las órdenes de captura por su rol como gestores de paz.

Aunque los disidentes quedaron libres, los dispositivos electrónicos permanecieron bajo cadena de custodia y su contenido se mantuvo en reserva durante más de un año hasta que el reportaje periodístico titulado “Los archivos secretos de Calarcá” expuso los correos, chats y documentos que comprometían a los funcionarios públicos.

*Con información de Colprensa.