Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de conciliación con Jennifer Pedraza citada por la Corte Suprema de Justicia

Tras la polémica por la presunta falsedad en los títulos universitarios, Juliana Guerrero fue citada el 14 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación, pero no asistió.

En esta audiencia, la mujer que estaba postulada para ser viceministra de Juventudes tenía que encontrarse con Jennifer Pedraza, la congresista que denunció ante las autoridades la presunta falsedad de sus títulos y que está realizando duras críticas al Gobierno.

“Juliana Guerrero decidió no presentarse a la conciliación por calumnia y delitos informáticos. Pero esto no termina aquí: no es un conflicto personal. Llamarlo ‘caso Juliana Guerrero’ encubre a quienes tienen más poder y responsabilidad: El Gobierno Petro, MinEducación, MinIgualdad y la Fundación Universitaria San José”, publicó la congresista por medio de sus redes sociales.

Especuló que esto puede deberse al hecho de que cuando Guerrero la denunció “no se sabía todo lo que la opinión pública conoce”, como el hecho de que no está reportada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) o que la misma universidad “ha reportado que ella no vio ninguna clase”.

La representante Pedraza aprovechó para enviarle un mensaje directo a Guerrero, asegurando que no se trata de “un asunto personal” y que la lucha es “contra la corrupción de manera sistemática”. Describió a Guerrero como uno de “los eslabones más débiles de esta cadena”.

Por esta razón, la congresista hizo un llamado a la exasesora. “Yo la invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró Pedraza.

Insistió en que la investigación busca ir más allá de la exasesora. “Sabemos que aquí hay personas muy poderosas y es hacia ellas hacia donde nosotros queremos dirigir estas investigaciones”, concluyó la representante, sugiriendo que hay “poderes mucho más grandes que ella” moviéndose con intereses particulares.

El encuentro judicial se programó después de que Guerrero denunciara a la congresista Pedraza por los presuntos delitos informáticos y calumnia. Guerrero alegó que los señalamientos de la representante sobre la autenticidad de sus títulos académicos afectaron su reputación, en momentos en que era postulada para el cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, la representante Pedraza respondió con otra denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, no solo contra Guerrero sino también contra varios directivos de la Fundación Universitaria San José. La congresista los acusó de presunto fraude procesal y falsedad en documento público, argumentando que hallazgos recientes de esa institución educativa respaldan sus afirmaciones.

La controversia escaló cuando la propia Fundación Universitaria San José anuló los títulos de tecnólogo y Contaduría Pública de Guerrero. Según la congresista Pedraza, la universidad “no cuenta con registros de notas, de asistencia, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas”. Pedraza también afirmó que Guerrero “nunca pisó un salón de clases” para cursar dichos estudios.

Ante la denuncia interpuesta por Guerrero en su contra, Pedraza señaló que la estrategia de la exasesora resultó contraproducente. “Creo que Juliana Guerrero vino por lana y salió trasquilada”, manifestó la representante a la Cámara.

Al debate sobre los títulos se sumaron revelaciones sobre la trayectoria contractual de Guerrero, de 22 años. Según reportajes de la revista Semana, la joven firmó contratos millonarios de prestación de servicios con entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Los documentos indican que Guerrero fue contratada para labores de “asesoría, seguimiento y revisión”, pese a la presunta falta de experiencia y de los títulos profesionales que ahora están en entredicho.

La investigación periodística también recordó que Guerrero interpuso años atrás una acción de tutela para solicitar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignara un esquema de seguridad. En esa ocasión, alegó riesgos derivados de su actividad como líder política y estudiantil en el departamento del Cesar.

Fuentes consultadas por el diario El Colombiano sugirieron que la polémica también se enmarca en una pugna política por el control de la Universidad Popular del Cesar. Ese mismo medio reportó que, aunque Guerrero insiste en que posee registros académicos, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) no refleja su matriculación ni sus notas.

Además, se conoció que la joven admitió que recién presentó las Pruebas Saber Pro el pasado 8 de noviembre, un requisito obligatorio para la obtención de cualquier título profesional en el país.

En declaraciones recientes a medios, Guerrero manifestó que actualmente no tiene “ningún interés en acceder a cargos del Estado” y que toda su atención está centrada en “aclarar su situación académica” ante las autoridades y la opinión pública.